«En Bolivia estamos en camino a un narcoestado»: Las graves denuncias de Romero que no tienen eco en el Estado
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, está realizando varias denuncias que van desde corrupción hasta narcotráfico y están complicando al gobierno de Luis Arce, pero aún no tiene eco en las instituciones del Estado como la Fiscalía.
Una de estas denuncias señala que el narcotráfico está tomando control de enclaves estratégicos del país y que Bolivia está en camino a un narcoestado. Una de las autoridades interpeladas por uno de los hombres de confianza de Evo Morales es el ministro Eduardo Del Castillo, quien rechazó algunas de esas denuncias, pero no todas.
Brújula Digital recopiló estas denuncias entregadas por Romero en diversas entrevistas con medios de comunicación.
«Lo de la Fiscalía (de Santa Cruz) fue una operación para destruir documentos de narcotráfico»
«Lo de la Fiscalía se trataría de un operativo selectivo y estratégico de interesados en eliminar los documentos incriminatorios de casos de corrupción y narcotráfico»
«La movilización que se realiza no es contra la Fiscalía, las movilizaciones surgen en Santa Cruz a raíz de la detención del gobernador Camacho, pero fundamentalmente el discurso de quienes se movilizan está dirigido al Gobierno nacional no es al fiscal de distrito, además no se está sustanciado el proceso de Camacho en la Fiscalía de Distrito (de Santa Cruz), entonces por lógica no se podría sustentar la hipótesis que ha sido la gente movilizada la que fue a atacar la Fiscalía”.
“Segundo, quiénes estarían interesados en que la Fiscalía sea atacada y alguna documentación clave sea incinerada precisamente son los involucrados en hechos de corrupción o en delitos de narcotráfico que se están sustanciando en el departamento de Santa Cruz y tenemos casos emblemáticos de corrupción como los ítems fantasmas o casos de narcotráfico que se han venido denunciando y sustanciando en la jurisdicción de santa cruz y obviamente el expediente, la documentación tendría que encontrarse en la Fiscalía”.
Hay zonas inaccesibles por el narcotráfico
En Bajo Paraguá opera el narcotráfico, hay zonas que son prácticamente inaccesibles para el Estado Boliviano. Estamos hablando del Tuna y de las Petas en las que se expandió con rutas de droga hacia Argentina y Paraguay. Hemos identificado incluso con coordenadas, pistas donde opera el narcotráfico
En el caso de Las Londras, los avasallamientos del último tiempo están dirigidos a dar cobertura al tráfico de tierras, minerales, madera y todas estas actividades articuladas en torno al narcotráfico. Estos grupos tienen logística, camionetas modernas, teléfonos satelitales, gente encapuchada, armas de fuego, y adiestramiento.
Son grupos irregulares de carácter paramilitar, se los confunde como avasalladores, pero son el ejército en formación de organizaciones de narcos, que pretenden controlar esos enclaves, muchas veces con la complicidad de comunidades indígenas, dirigentes corruptos y hasta empresarios.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, está involucrado en narcotráfico
Romero sostiene de manera continua que el ministro Del Castillo está involucrado en actividades de narcotráfico. ¿Cómo? Éstas son las señales según explicó a El Deber:
Son demasiadas. Primero, que los narcos que estaban presos en 2019, salieron libres en 2020, y eso compromete a tres fiscalías de distrito: Santa Cruz, Beni y La Paz.
Qué casualidad, estos narcos encarcelados tenían abogados en el ejercicio libre de su profesión, que los defendieron y luego se convierten en fiscales.
Siguiendo con las casualidades, la fiscal de distrito en ese momento, Martha Mejía, liberó a varios cabecillas de clanes familiares del Beni. Hace unos meses su sobrino cayó con droga en Brasil, y ahora resulta que es la secretaria de Transparencia de la Gobernación del Beni. Pero además esta es la persona que debería esclarecer lo del Narcojet, junto al investigador estrella, el capitán Aparicio, es el Narcojet que involucra a ‘Caracha’ Rivero, y a los familiares de Jeanine Añez.
Eduardo Del Castillo hereda toda esa estructura de protección al narcotráfico que había instalado Yerko Núñez, con el apoyo de Arturo Murillo y otros, pero resulta que Del Castillo, lejos de desmantelar esta estructura, con brazo institucional a través de la Fiscalía, además destruye las plataformas tecnológicas que habíamos instalado en Charaña y Viru Viru. Tampoco implementa el decreto de nuevo registro catastral e instalación de dispositivos de rastreo satelital que habíamos definido para avionetas.
Da piedra libre a la clonación de matrículas de avionetas, devuelve avionetas incautadas, es decir, genera todas las condiciones para expandir de manera descontrolada el narcotráfico en el país.
El sicariato se convierte en una actividad normalizada, y quién es la persona que trabaja primero con Yerko Núñez, y después con Del Castillo, y habría que investigarlo, y preguntarse dónde está, y convocarlo para que diga si tuvo o no participación en la designación y desmantelamiento de la FELCN. Este señor se llama Miguel Rockholt, un supuesto empresario de la construcción, que era el brazo operador de Yerko Núñez, y que se convierte luego en operador de Del Castillo.
Esto me lleva a afirmar que, en las últimas gestiones de Gobierno, el narcotráfico se dirige desde algunos ministerios, particularmente desde el Ministerio de Gobierno.
El narcotráfico ha penetrado instituciones del Estado
«Parto de la hipótesis de que en Bolivia en los últimos años tenemos una agenda política demasiado intensa y poralizada; y eso nos distrae en concentrarnos en decisiones estratégicas de Estado que son urgentes, con la gestión pública misma y particularmente con las denuncias de corrupción pública y de protección al narcotráfico que desde mi lectura han crecido muchísimo, al extremo de que se han convertido en factor cohesionador del sistema político y que ha penetrado a una parte de la Policía Nacional, una parte de las Fuerzas Armadas y fuertemente al sistema de justicia».
El sistema político ha sido penetrado por el narcotráfico
El sistema político ha sido penetrado por el narcotráfico. Estamos hablando del Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías municipales, especialmente de capitales de departamento y fronterizas.
En Beni tenemos gente con antecedentes de narcotráfico, vinculadas al MAS, a Demócratas, y a otras agrupaciones. Son los casos del clan Lima Lobo, y hasta están vinculadas familiarmente con Techo ‘e Paja en el caso de Santa Ana, también en San Joaquín, San Borja. Es muy difícil encontrar alcaldías, sobre todo en Beni, que no estén cercanas a actividades criminales y esto es peligroso porque la institucionalidad está siendo desplazada y penetrada por el narcotráfico.
El “narcoestado”
El narcotráfico penetró al Estado. Hay la lectura errada de que cuando el narcotráfico controla algún nivel de autoridades políticas, o de dispositivos legislativos o judiciales o del control de la fuerza pública, estamos en presencia del narcoestado. No es un concepto que se adapte a Bolivia. El narcoestado es paralelo, oscuro, corrupto. El narcoestado es un establishment criminal que controla territorio, economía, que cohesiona estructuras sociales, tiene su propio sistema de justicia que es fáctico y se expresa en el sicariato que regula el crimen organizado.
En Bolivia estamos en camino a un narcoestado, no vivimos en un narcoestado que es una actividad económica, una industria que instala y se expande en la medida en que esa jurisdicción territorial le permite hacerlo. Cuando se instala y se expande el empresario formal deberá aceptar, negociar y hasta formar alianzas con el narcotraficante para lavar su dinero, capitalizarse o regular los términos de la competencia. El político deberá negociar con sectores mafiosos para darles representación política, porque correrá el riesgo de que su contrincante lo haga. Lo mismo con el dirigente deportivo, amenazado porque su clásico rival obtendrá dinero sucio, y explorará la posibilidad de hacer lo mismo. Estamos en ese camino.
El gobernador Johnny Mamani y la «mafia» de las ambulancias
El exministro de Gobierno de Evo Morales afirmó que existe «una mafia» cercana a Mamani y que este bullado caso es la «punta del iceberg» de «lavado de dinero».
«Tendremos que preguntarnos acerca de la empresa que compró las ambulancias, de quién era el dinero, a nombre de quién nacionalizaron las ambulancias, quiénes fueron los contactos en Iquique, qué vinculación tienen con el lavado de dinero y ahí nos vamos a encontrar con cosas escandalosas que vinculan, además, a familiares de altas autoridades de Estado», sostuvo.