Los gobiernos autónomos departamentales y municipales administran menos del 10% del presupuesto del Estado, y deben afrontar este año el rebrote de la pandemia con mayores necesidades y obligaciones, mientras que el nivel central se queda con más de 90% de los recursos.
El analista Jimmy Osorio explicó que este año los 337 municipios del país administrarán el 5,7% de todo el presupuesto, mientras que las gobernaciones de los nueve departamentos del país manejan el 3%. “Eso significa que entre esos dos niveles de gobierno a nivel departamental y local no llegan a administrar ni el 10% del presupuesto”, apuntó.
Los gobiernos departamentales llegaron a inscribir en sus presupuestos un total de 9.010 millones de bolivianos, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía. De ese valor, el 12,4% corresponde al gobierno departamental de Santa Cruz, el 8,8% al de La Paz y así van disminuyendo hasta llegar al gobierno departamental de Pando que tiene una participación tan sólo del 1,8% (observar gráfica).
Según Osorio, si se aplicaría de manera lineal el 10% para el sector salud, planteado por el Ejecutivo, los gobiernos departamentales deberían destinar un total de 901 millones de bolivianos. Sin embargo, este porcentaje es variable, puesto que administran los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y los hospitales de tercer nivel, lo que ocasiona que los gobiernos departamentales destinen más del 25% de sus presupuestos al sector salud.
Por su lado, el presupuesto de los gobiernos municipales alcanza a 16.766 millones de bolivianos para este año. El municipio de Santa Cruz es el que tiene la mayor participación, un 16% del total, a este le sigue el gobierno municipal de La Paz con un 12,6%. Las comunas son responsables de la administración de los centros de primer y segundo nivel, agregó Osorio.
El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, explicó que la crisis sanitaria obligó a destinar a salud el 38% del presupuesto en 2020. “Este año aportamos el 33% de nuestro presupuesto en medio de una caída de ingresos de 20% cada año desde 2015. Desde ese año los gobiernos departamentales han perdido un 82% de ingresos. Mientras que el Gobierno centraliza el 90% de los recursos que administra el Estado”, precisó.
La Constitución dice que el país es un estado autonómico y descentralizado, pero en los hechos un 83% de las competencias están en el nivel central, mientras que los servicios y el desarrollo regional y local están en manos de las entidades territoriales. Además, según Ardaya, la centralización genera una serie de trabas para la inscripción de recursos y varias normas y leyes van contra la autonomía.
“Esto ocurre en el Ministerio de Planificación donde no hay autonomía, todo se debe registrar ahí y son los burócratas los que toman decisiones por los departamentos. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Economía”, precisó. Como ejemplo, recordó que en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) el departamento tiene un fideicomiso aprobado hace más de un año y hasta la fecha no se transfirió un centavo.
Antes de que se aprueben los recursos se debe obtener la certificación de registro de inicio de operaciones de crédito público para verificar la capacidad de endeudamiento. “Una vez que se llega a esa instancia hay que rogar para que aceleren los trámites y no existe la posibilidad de reunirse con alguna autoridad y se castiga sobre todo a regiones que no son del MAS”, lamentó.
Debido a la demora en los desembolsos de recursos que están financiados con crédito externo, se van acumulando obligaciones con las empresas ejecutoras de proyectos y se generan incluso procesos contra las alcaldías.
El Ministerio de Economía informó que alcaldías como gobernaciones tienen 274,6 millones de bolivianos del IDH sin ejecutar y que los pueden destinar a la lucha contra el coronavirus.
El secretario de Planificación de la Gobernación de La Paz, Saúl Flores, señaló que los recursos sin ejecución que menciona el Gobierno aparecen a nivel contable o presupuestario, pero no es dinero en efectivo. En las gobernaciones y municipios existen recursos que ya están comprometidos. En el caso de La Paz este año se ha sufrido una caída de ingresos y no se tiene liquidez, por eso es que sóo se dispusieron dos proyectos nuevos para ejecutar y el resto son obras a las que se dará continuidad y que se iniciaron el año pasado.
De acuerdo con Flores, la caída de ingresos por coparticipación tributaria y menores recaudaciones dificultan la atención en proyectos de salud ahora que se enfrenta el rebrote.
Osorio observó que inscribir saldos no ejecutados no es tarea sencilla y no todas las entidades tienen los fondos en efectivo.
Decreto flexibiliza compras pero Tarija aún observa trabas
El Decreto Supremo 4432 autoriza a las gobernaciones y a los municipios a realizar los procesos de contratación directa para adquirir medicamentos, pruebas, vacunas o insumos médicos para la atención oportuna en los hospitales del país, con criterios de transparencia.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, manifestó que en el marco de la Ley 1135 de 2018, las entidades pueden realizar procesos de contrataciones con tiempo de vigencia mayor a un año en determinados casos. La norma es aplicable en la presente coyuntura de crisis sanitaria.
De igual forma, el Gobierno instruyó a la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico (Aisem) a realizar la contratación de personal de salud con financiamiento del Banco Mundial (BM), lo que garantiza la continuidad en la atención del servicio de salud en todos los departamentos.
Rubén Ardaya, de la Gobernación de Tarija, observa que si bien el decreto ayuda, por otro lado el Gobierno intenta frenar la compra de vacunas a las regiones con el argumento de que debe negociarse con el fabricante “Hay problemas en adquisición de reactivos en laboratorio de biología molecular, pero el problema es que no quieren pagar a personal de salud. Las regiones gastan en hospitales, en salarios y el Gobierno no quiere poner su contraparte”, precisó.