Marcelo Gabino Gonzales Saique fue posesionado como el nuevo presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y tendrá la misión de reactivar el proceso de industrialización de ese recursos estratégico para el desarrollo del país.
“Estamos listos para entrar a la etapa de industrialización del litio, esa es la misión más importante que se me está encomendando”, dijo la flamante autoridad.
Gonzales, de amplia trayectoria en el área y en YLB, fue posesionado por el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, quien destacó, en su discurso, los pasos importantes que realizó el gobierno del expresidente Evo Morales para establecer la industria del litio con soberanía y socios internacionales.
Bolivia cuenta con los mayores yacimientos de litio del mundo y el Gobierno del presidente Luis Arce impulsa el proyecto de industrialización que, en una primera fase, comenzó con la implementación de plantas piloto para explotar los recursos evaporíticos de los salares del país.
“Se han dado pasos muy importantes y, sin duda, el objetivo final es lograr consolidar este proceso para la generación de ingresos económicos al país y a las regiones (…), y la generación de un sinnúmero de fuentes de empleo”, señaló Molina.
Bolivia busca convertirse en uno de los protagonistas del mercado energético del litio.
PROYECTO CONGELADO
Van casi 13 años del inicio del proyecto de Litio y Bolivia no tiene miras en convertirse en la capital mundial del litio o en el “Dubái del oro blanco” o la “Arabia Saudita del litio”. Los anuncios del MAS han sido un fracaso. En medio de ese escenario, la compañía alemana ACI Systems notificó al anterior Gobierno de transición el inicio de un arbitraje. Mientras tanto, Potosí no quiere saber de socios argentinos ni chilenos para reactivar el proyecto.
Un equipo periodístico del diario digital financiero www.newstime.bo visitó los lugares, al sur de Colchani, municipio de Uyuni, donde está asentado el proyecto y constató que el desarrollo del mismo está prácticamente paralizado.
Un equipo periodístico visitó las instalaciones del proyecto en el Salar y constató que los trabajos son mínimos y hay fuerte resguardo en el área.
Decenas de militares resguardan la empresa en el Salar de Uyuni y está prohibido acercarse. Hay hermetismo en dar información y los comunarios de la zona comienzan a pensar de que “alguien está robando” a Bolivia, pues ni siquiera les permiten fiscalizar sus actividades.
Este proceso comenzó hace 20 años con el desarrollo del turismo, el aumento de la producción de la quinua, y la presencia de la corporación Sumitomo en San Cristóbal; sin embargo, hoy se observa a una región con pocas oportunidades y que se siente olvidada, mucho peor con el prospecto de un centro de industrialización como el litio.
“Bolivia va a poner el precio para todo el mundo”, llegó a decir Evo Morales hace un par de años, cuando anunció (una vez más) que la era de la industrialización de ese metal liviano arrancaba en el país.
El expresidente hizo declaraciones similares prácticamente desde que llegó al Palacio de Gobierno en 2006. Sin embargo, el esperado despegue no se llegó a producir durante su mandato, peor con el Gobierno de transición que paralizó todo el proyecto. Empero, la gestión del actual presidente Luis Arce Catacora busca reactivar el proyecto del Litio en el mediano plazo con lo cual perfila encaminar la política económica boliviana.
Lo cierto es que Bolivia posee reservas de 21 millones de toneladas de litio, unas de las mayores de todo el mundo, la mayor parte de ellas en el Salar de Uyuni en Potosí, y en menor proporción en los yacimientos de Pastos Grandes, también potosino, y Coipasa, compartido entre el departamento boliviano de Oruro y Chile.
El litio estuvo en el foco tras la salida de Evo Morales del poder en noviembre de 2019, pues el exmandatario ha asegurado varias veces que se vio obligado a renunciar por un supuesto golpe de Estado en su contra promovido por intereses como los de Estados Unidos sobre este recurso boliviano.
Una denuncia que ha sido negada siempre en Bolivia, cuyas autoridades transitorias se limitaron a mantener los proyectos iniciados por Morales y no tomaron decisiones sobre posibles alianzas con inversionistas extranjeros. En Uyuni, opera una planta industrial de cloruro de potasio y continúa el montaje de otra industria de carbonato de litio que producirá 15.000 toneladas supuestamente el 2021.
En la localidad orureña de La Palca están unas plantas piloto que obtienen “material catódico y baterías de ión litio”. El cloruro de potasio boliviano se usa mayormente como fertilizante y se vende en el mercado interno, en Chile, Brasil y Argentina. Las cifras de exportación son ínfimas.
Cabe recordar que el Gobierno transitorio presentó un proyecto de un complejo industrial en Coipasa para producir anualmente cerca de 25.000 toneladas de carbonato de litio, con una inversión de unos 424 millones de dólares financiados por el Banco Central de Bolivia.
Lo cierto es que hasta ahora la capacidad de producción del producto comercial de la planta piloto Carbonato de litio, de material catódico y batería son desconocidas. A ello se suma que la planta industrial de Cloruro de Potasio no puede producir 10% de su capacidad y la planta de carbonato de litio (fase II) lleva más de un año de retraso.
Por su lado, la planta de tratamiento de agua está en licitación, siendo que esta debería haber estado antes o por lo menos igual que la planta de carbonato de litio.
Según la información de expertos, la carpeta de licitación está lista; pero las autoridades últimas no han logrado sacar la convocatoria y se han hecho pisar con el cierre del año fiscal. Mientras no salga esta convocatoria pública, no se puede hablar de plazos.
A este problema se suma la notificación de una demanda de la empresa alemana contra YLB por incumplimiento de contrato, lo cual puede afectar al Estado por uno $us 100 millones.
Lo único cierto es que es hora de reencauzar el proyecto del litio en el Salar de Uyuni, en beneficio de los bolivianos y por encima de intereses particulares y, además, urge encontrar un socio extranjero, ya sea mediante la compañía alemana ACI Systems u otra que tenga mejor oferta.
LENTO AVANCE
Según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Pablo Poveda, se avanzó poco y “se han perdido todos estos años”, porque el carbonato de litio producido en el país “no es apto” para fabricar baterías al no cumplir con el grado de pureza requerido.
Según Poveda, el Gobierno de Morales se dio cuenta de aquello, por eso “rompe la estrategia” y firmó el decreto que autorizó una sociedad mixta entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la alemana ACI Systems (ACISA).
Mediante ese acuerdo se buscaba producir hidróxido de litio, entre otros componentes, de acuerdo al decreto que fue anulado luego en medio de la crisis social y política de 2019.
Para el experto, la tecnología elegida hacde una década para la producción de carbonato de litio “está quedando rezagada con los avances tecnológicos”, pues lo que se requiere ahora para las nuevas baterías con electrolito sólido es hidróxido de litio.
La industrialización no pudo arrancar plenamente porque no se pudo desarrollar la tecnología “cien por ciento boliviana para la producción de la materia prima”.
“Entonces todo lo que se prometió no ha quedado más que en un discurso”, agregó Poveda.
El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, dijo que no se pudo avanzar porque el tema fue manejado “políticamente”.
Solón sostuvo que la consigna de Morales de convertir a Bolivia en el “corazón energético de Sudamérica” fue “una quimera”, porque no se vio primero “cuáles son las posibilidades de exportar, a quiénes, en qué cantidad, en qué precios”, o cuáles serían las ganancias.
Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio, pero también tiene “uno de los problemas más grandes” y es que el mineral de Uyuni tiene volúmenes de evaporación “mucho más bajos que los de Chile”, con una mayor mezcla con magnesio y sulfato, añadió.
“Si seguimos por el camino de los tres últimos años, no se va a avanzar porque no se ha transparentado toda la información”, advirtió.
Poveda consideró que se debería buscar alianzas con empresas extranjeras, “pero siempre velando por que el Estado tenga el control de la materia prima”.
Según datos a los que tuvo acceso el portal financiero, la inversión para industrializar el litio en Bolivia asciende hasta la fecha a $us 600 millones.
La inversión ejecutada hasta la fecha contempla las dos primeras fases del proyecto del litio en Bolivia, que establecen la instalación de plantas piloto en el Salar de Uyuni, en Potosí, además de factorías industriales, como de carbonato de litio.
Cabe recordar que gracias a los acuerdos suscritos con Alemania y China, se tenía previsto invertir a mediano plazo, de manera conjunta, alrededor de $us 3.600 millones en nuevos proyectos del litio, pero ya en las fases finales de industrialización.
En el caso del acuerdo con la empresa alemana ACI Systems se contemplaba una inversión de alrededor de $us 1.300 millones a partir de la sociedad formada, para la producción de hidróxido de litio y la creación de una segunda empresa que permitiría fabricar baterías de ion litio a escala industrial.
ARBITRAJE
El 24 de agosto de 2018, ACISA y el Estado boliviano suscribieron en Zimmem-Alemania, el Acta de Acuerdo para dar inicio al proyecto, que luego se cristalizó con la suscripción de la minuta de constitución societaria y la posterior emisión del Decreto Supremo 3738, emitido por el Estado de Bolivia el 7 de diciembre de 2018 y que aprobó la creación de la hoy extinta Empresa Mixta YLB ACISA, entidad legal compuesta de capitales públicos y privados, cuyo giro se orientaría al desarrollo del proyecto en el país.
Todos los actos fueron protocolizados ante Notaría de Gobierno de la ciudad de Oruro, mediante Escritura Pública No. 1154/2019 del 7 de octubre de 2019. Es más, el Registro de Comercio de Bolivia otorgó la personería jurídica a la Empresa Mixta YLB ACISA con la matrícula 423150. Tras la constitución, se suscribió un convenio de accionistas, con el propósito de modificar parcialmente los estatutos sociales de la empresa. Esta operación debía materializarse, primero, mediante la adopción de resoluciones societarias conforme lo establecido en los estatutos sociales y segundo, mediante la emisión de un nuevo Decreto Supremo que autorice la operación corporativa. Bolivia incumplió sus obligaciones.
Por el contrario, en franco desconocimiento de las obligaciones asumidas, de forma unilateral, el Estado emitió el D.S. 4070 de 2 de noviembre de 2019, aborgando el Decreto 3738 de creación de la Empresa Mixta YLB ACISA, dando lugar a la extinción del vehículo corporativo legalmente concebido para el desarrollo del proyecto.
A raíz de ello ACISA reclamó formalmente por el accionar y actitud de Bolivia. Envió notas el 5, 20, 25, 26 de noviembre de 2019; 18 de diciembre de 2019; 20 de abril de 2020, 22 de mayo y 3 de julio de 2020. Nunca obtuvo una explicación del Estado.
Bajo dichos antecedentes ACISA notificó la existencia de una controversia, aunque reitera su voluntad de alcanzar un acuerdo amistoso dentro de los plazos establecidos en los instrumentos legales. La decisión está en manos del Gobierno a la cabeza del presidente Arce Catacora.