Ante ascenso acelerado de los casos de Covid-19 y las denuncias de especulación del costo de los fármacos, fue creado un Comité Nacional por el Gobierno con la finalidad de regular los precios de medicamentos, análisis de laboratorio y servicios profesionales a pacientes de coronavirus en el territorio nacional.
El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4452 el 13 de enero último, mediante el cual crea el Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precios de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Servicios de Salud (Comarpre).
Su principal función será regular precios de medicamentos, dispositivos médicos, prestación de servicios de análisis de laboratorio; prestación de servicios de salud, coordinar acciones operativas para asegurar el abastecimiento, regulación de precios de los productos y servicios en coordinación con los gobiernos subnacionales.
El decreto autoriza a la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud (Ceass), si fuera necesario, a importar, distribuir y comercializar productos, a fin de suministrar al mercado nacional. También podrá comercializar a las farmacias del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a los precios, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud (Agemed) aprobará, publicará y cuando corresponda actualizará la lista de precios máximos unitarios de medicamentos y dispositivos médicos relacionados a la Covid-19. Los precios serán difundidos a través de las páginas web, redes sociales oficiales y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
Ordena también que la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) emita instructivos a las empresas farmacéuticas, laboratorios, importadoras, distribuidoras y comercializadoras de medicamentos y dispositivos médicos relacionados a Covid-19, clínicas privadas, institutos, centros médicos, productores de alcohol y otros productos.
Entretanto, el Ministerio de Salud, a través de la instancia correspondiente, aprobará lista de precios referenciales o máximos, para la prestación de servicios de análisis de laboratorio y de servicios de salud relacionados a la Covid-19, incluyendo los aranceles por servicios profesionales médicos.
El control será también delegado a los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos municipales. Entretanto, el Ministerio Público ejercerá la acción penal pública, cuando se haya identificado indicios de la comisión de delitos.