Una serie de reuniones con representantes del Banco Central de Bolivia (BCB) para identificar a responsables del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) es la nueva iniciativa que tiene en agenda la Procuraduría General del Estado.
Desde el BCB, más allá de la gestión de ayuda para hacer frente a la emergencia sanitaria que azota a Bolivia desde marzo pasado, se apunta a un supuesto daño económico al Estado por $us 24, millones y que se activó tras realizar la devolución de los fondos al FMI.
El Banco Central de Bolivia dio a conocer el 17 de febrero que realizó la devolución de $us 346,7 millones al FMI, préstamo gestionado por el Gobierno de Jeanine Áñez y que fue considerado irregular (en esta suma se integran $us 24,3 millones, de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses, según el Estado).
“Se ha tomado en cuenta esto y se van a tener reuniones con el BCB para identificar a los responsables de ese grave daño al país, por tomar un crédito rompiendo las normas constitucionales que establecen que los préstamos se realizan a través de ley y no de decretos supremos”, indicó el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.
Dicho crédito fue solicitado como una salida para hacer frente al Covid-19, en un contexto en el que el sistema sanitario flaqueaba, pero el fondo no llegó a materializarse debido a un bloqueo de la Asamblea Legislativa, por lo que se tuvo que buscar otros mecanismos para hacer efectiva su concesión que en su momento también se anunció que era sin condiciones.
El viernes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que en el caso del crédito del FMI se advirtió un proceso irregular debido a que este tipo de préstamos debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa, lo que no ocurrió en el régimen de Áñez.
Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa la conformación de una comisión especial de investigación para el caso del daño económico de $us 24,3 millones generado por el crédito del FMI.
“Los responsables de ese despilfarro son los que están tomando la decisión de devolver ese dinero y no utilizar el crédito”, aseguró el diputado Miguel Roca (Comunidad Ciudadana), quien calificó como “antipatria” realizar préstamos y no usar los mismos tal como habían sido pactados.
En su criterio debería procesarse al Gobierno por devolver el dinero y por los costos económicos que está asumiendo el Estado en estas operaciones.