La discusión en el interior del Gobierno con relación a la política tarifaria, precios y subsidios ha tomado estado público en el marco de las recientes audiencias públicas y a través de recientes declaraciones de los funcionarios involucrados.
Por un lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene la necesidad de aplicar aumentos de tarifas, que permitan cumplir con las pautas del Presupuesto 2021, lo que implicaría aumentos con pisos del 40% en las facturas finales de gas y electricidad para el año en curso.
Sin embargo, los interventores de los entes reguladores y el Subsecretario de Energía Eléctrica (subalternos del ministro, pero alineados al Instituto Patria), tienen opiniones opuestas y manifiestan públicamente que “los incrementos de tarifas se ubicarán en la franja de entre el 7% al 9%”, “que será necesario ampliar la ayuda vía subsidios” y que “la hoja de ruta energética no la marca el Presupuesto”.
Estas declaraciones representan un abierto desafío a su superior jerárquico y revelan una preocupante falta de coordinación y visiones opuestas respecto al devenir de la política energética dentro del Gobierno.
Todo indica que el esquema de “tarifas de transición” que anunciaría el Gobierno en los próximos días no cumplirá el marco normativo ni los contratos vigentes ya que no será el resultado del relevamiento de costos eficientes de las empresas que prestan los servicios públicos, sino el resultado de decisiones arbitrarias de entes reguladores bajo intervención.
Estas intervenciones confunden sus funciones técnicas con el diseño de la política energética que es responsabilidad del Secretario de Energía y de su superior: el ministro de Economía.
Las consecuencias serán pesadas para las cuentas públicas
Las tarifas de servicios energéticos permanecen congeladas hace 24 meses. En ese periodo los costos de operación, mantenimiento e inversión de las empresas de servicios aumentaron más del 100%, una situación difícil de sostener en el tiempo.
Y así lo manifestaron las empresas en las audiencias públicas. Sin aumentos de tarifas, Edenor y Edesur necesitarán $70.000 millones para continuar funcionando con normalidad. Lo propio en el sector de gas, que plantearon una insuficiencia de fondos cercana a los $35.000 millones.
¿Cómo se financian entonces las empresas de distribución? Dejan de pagar la energía que venden y, por lo tanto, el problema escala desde las empresas de transporte y distribución al resto del sistema (producción y generación), que se encamina a la cesación de pagos.
La rueda energética no puede parar: todos los caminos conducen a los subsidios
El presupuesto 2021 prevé mantener los subsidios a la energía en línea a 2020, es decir, 1,7% del PIB ($625.800 millones), un año en que los subsidios experimentaron un fuerte impulso producto de la pandemia.