Más del 99 por ciento de las exportaciones realizadas desde el departamento de Tarija tienen que ver con el gas natural. De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2020 Tarija vendió un total de 1.141,3 millones de dólares en mercados de exportación, pero de ellos, la inmensa mayoría está relacionado a los hidrocarburos.
En total, desde Tarija se vendieron 1.125 millones de dólares en concepto de exportación de gas, 11,8 millones de dólares en concepto de gas licuado de petróleo, 2,1 millones de dólares en concepto de isopentano y 400.000 dólares en concepto de productos de refinación del petróleo. Es decir, 1.139,3 millones de dólares de los exportados tuvieron origen en la industria hidrocarburífera.
Entre los conceptos detallados para exportación se encuentran 1,2 millones de dólares vendidos en concepto de alcohol etílico, mientras que las bebidas – normalmente lo vinos – sumaron 200.000 dólares en producto de exportación. Además, el INE registra otros 600.000 dólares exportados sin detalle, pero que tiene que ver con algunos minerales y algunos productos madereros específicos.
En la comparativa con el año 2018, el último antes de la inestabilidad política y sanitaria, todos los conceptos han bajado, aunque no el porcentaje de peso de los hidrocarburos respecto al total. Según el mismo reporte del INE de aquel año, Tarija exportó un total de 1.840,2 millones de dólares, de los que 1.803,2 correspondían exclusivamente a la exportación de gas.
Además, en 2018 se vendieron 30,5 millones de dólares en concepto de gas licuado de petróleo (GLP) y 4,5 millones en isopentano.
Por otra parte, en 2018 se vendieron 0,9 millones de dólares en alcohol etílico 300.000 dólares en vinos y singanis. Además, se sumaron otros 800.000 dólares por exportación de productos de otros rubros como la minería o la madera.
Los esfuerzos por la industrialización
En Tarija se mueven dos pulsiones diferentes sobre la visión de desarrollo, por un lado, los que postulan que el gas se ha acabado y hay que buscar nichos de negocio al margen de los hidrocarburos, y otros que señalan que la producción de gas aún es importante para industrializar al margen de producir gas para la exportación exclusivamente.
En general, el negocio estimado alrededor de la industria vitivinícola tarijeña es de unos cien millones de bolivianos, pues si bien la exportación es mínima, la producción total de las bodegas tarijeñas para cubrir el mercado nacional es aún insuficiente, en ese sentido, aunque algunas marcas han abierto mercado en Estados Unidos, Europa y China, los restaurantes de Santa Cruz y el eje central suelen ser más que apetecibles por los precios de colocación, ya que en Europa la competencia es mucho mayor.
Por el momento, no se visualizan alternativas a la industria del gas, aunque esta no genere un significativo número de puestos de trabajo directos, si genera muchos indirectos a través de las regalías que deja en el territorio de forma directa, algo que es inverso a lo que sucede con la industria de la uva, que sí genera puestos de trabajo, pero el aporte económico al tesoro departamental es insignificante.
La industrialización del Chaco
Ya en la última gestión de Evo Morales (2015-2020) el proyecto de industrialización del gas pasó a un segundo plano mientras el Ministerio de Hidrocarburos se esforzaba por encontrar gas donde fuere para poder comercializarlo y obtener recursos inmediatos. Ahí es que se recuperó el viejo concepto de “corazón energético de Sudamérica” y se autorizó el fracking o la exploración en áreas protegidas.
En 2015 acababa de haber sido inaugurada la planta separadora de líquidos del Gran Chaco, una planta que hacía a la soberanía nacional y que permitía extraer los licuables del torrente de gas – pues la Argentina siempre compró gas seco y no pagó nunca por los líquidos – para su utilización.
El proyecto de la planta separadora en sí, que se encareció de los 450 millones de dólares a los 700 sin demasiadas explicaciones, era parte de una estrategia completa que requería de la planta de propileno y etileno para materializarse, es decir, la planta separadora generaba la materia prima que finalmente se transformaría en resinas plásticas y, posteriormente, a través de la participación de la empresa privada, en productos finales y almacenables que no dependen de la eventualidad del mercado, como sí lo hace el combustible.
Sin las plantas petroquímicas propiamente dichas, la planta separadora solo sirve para separar el gas licuado de petróleo, un combustible cada vez en más desuso. La planta ha logrado autoabastecer a todo el país y, además, abrir pequeños mercados en Paraguay y Perú, que aun así han logrado captar 30 millones de dólares en 2018. El descenso a 10 millones de dólares en 2020 se debió tanto a la pandemia como a asuntos políticos, que tuvieron sin funcionamiento tanto a la planta del Chaco como la de Río Grande.
La vocación petrolera del Gran Chaco, que complementa la ganadera, no ha acabado de tornarse en una vocación industrial que solo manifiestan los más jóvenes. Las posibilidades de generar un polo de desarrollo en la frontera sur a partir del gas son reales, sin embargo, las autoridades responsables no han llegado a articular esta vocación por diferentes causas. La principal es la indefinición del Gobierno, que pese a las promesas nunca ha avanzado decisivamente en la instalación de la petroquímica.
Con todo, a las autoridades se les ha exigido mejorar la infraestructura carretera – siguen las promesas de la doble vía Yacuiba – Villa Montes -, habilitar un gran espacio para un gran parque industrial al que llevar los servicios básicos, garantizar la provisión de agua y electricidad y formar en los rubros afines a la petroquímica a personal local para que se coloque al personal local. Sin embargo, pocas cosas se han logrado materializar.
La percepción de la era del gas
Un reciente estudio impulsado desde el Movimiento Tarija Dialoga realizado por el Departamento de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Universidad Juan Misael Saracho y apoyo de la UCB, la Cooperación Sueca y la Fundación UNIR, señala que los principales errores y problemas durante la era del gas fueron la corrupción, el despilfarro y la exclusión de la ciudadanía de la formulación de políticas públicas.
Para el 51% de la población, el incremento de los ingresos solo sirvió para que creciera la corrupción mientras que un 26% considera que no se gastó adecuadamente sino en caprichos.
Además, un 34% de la población tarijeña considera que el sector más beneficiado fue el de “los políticos” mientras que un 18% considera que fueron los empresarios.
Petroquímica, la licitación pendiente
Con la caída del Gobierno de Evo Morales cayó también la última licitación encaminada a salvar el proyecto de la petroquímica de polipropileno, es decir, dos estudios que debían actualizar metodologías y licencias después de todas las dudas que levantó el proceso de licitación y todo el anterior recorrido.
Y es que la cuestión es que incluso antes de concluir la planta separadora de líquidos, el Ministerio fue lanzando varios estudios previos, como el de identificación y definición, para la planta petroquímica. Los dos estudios fueron realizados por una firma italiana: Tecnimont.
Una vez concluidos todos los estudios, el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, e incluso después de haber garantizado unos 2.000 millones de dólares para la planta, se lanzó la licitación de ingeniería y construcción, cuya resolución se esperaba para abril de 2017 y que alguien pensó que podría ser el gran regalo del Bicentenario para Tarija.
La cuestión es que solo unas semanas antes explotó el escándalo por la compra de tres taladros perforadores a otra empresa italiana donde se juzgó un intento del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, de obtener beneficio personal. El escándalo acabó con Achá en prisión, pero también tumbando la licitación que no había sido adjudicada, pero el informe de adjudicación si había sido colgado en la web.
Los agraciados con la adjudicación era precisamente un consorcio de dos viejas conocida: La española Técnicas Reunidas, que era quien había construido la Separadora, y la propia Tecnimont, que había hechos los estudios anteriores. Los rumores de un trato privilegiado eran consistentes.
En junio de 2017 y en medio del escándalo general en el que el Ministerio se vio obligado a intervenir, se anuló la licitación. A finales de ese año el ministro Luis Alberto Sánchez llegó a confesar que no veía con claridad la inversión por la debilidad de los instrumentos previos realizados por Tecnimont, y señaló que no se “arriesgaría” un peso. Finalmente se licitaron una serie de estudios cuyo objetivo era validar el trabajo realizado, pero eso también quedó en nada.