Trabajadores en Santa Cruz, que demandan la devolución de aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para que viabilice el pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el tratamiento del proyecto de ley que quedó en suspenso por falta de acuerdo entre los sectores interesados.
“Queremos la promulgación de la Ley de Devolución de Aportes”, indicó un grupo de manifestantes que ayer realizó una vigilia en la plaza 24 de Septiembre.
Los trabajadores amenazaron con iniciar movilizaciones desde la próxima semana en caso de no ser atendidos por las autoridades. “Hemos visto que de un tiempo a esta parte el Gobierno central no muestra la voluntad política para dar solución a nuestro pedido”, dijo uno de los representantes.
Los movilizados piden la devolución del 20 por ciento de aportes para todos aquellos que tienen hasta 100.000 bolivianos, mientras que los que tengan de 100.001 bolivianos para arriba, sólo 20.000 bolivianos.
“Así no habrá limitación ni discriminación en contra de nadie”, dijo en una anterior declaración, Yerko Orozco, dirigente en Santa Cruz.
El 4 de mayo, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció que el tratamiento del proyecto de ley para la devolución de los aportes a las AFP se encuentra congelado mientras no se logre un consenso.
En días pasados, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que la Central Obrera Boliviana (COB), mediante sus representantes, expresó su desacuerdo con el proyecto y planteó que los recursos de los aportes sean destinados a préstamos con un mínimo porcentaje de interés.
Advierten iliquidez
Según analistas económicos, el retraso en la aprobación del proyecto de ley para la devolución de un porcentaje de los aportes a las AFP surge porque no hubo una correcta evaluación del impacto económico al momento de lanzar la propuesta.
El economista José Espinoza indicó que las demoras obedecen a una mala evaluación de las condiciones que implica la devolución de los recursos y los efectos que la medida podría causar.
Por su parte, el economista Germán Molina dijo que, al momento de lanzar el proyecto de ley, no se consideró la crisis económica y financiera en el país en el sector público y privado. Por ello, dijo que el retiro de aportes beneficiará a un reducido sector, pero pondrá en riesgo la estabilidad económica del país.