La paralización de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) ubicada en el trópico de Cochabamba, cuesta al Estado boliviano $us 260 millones, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, durante el acto de socialización de los principales programas y proyectos del sector energético, realizado este fin de semana en el municipio de Camiri.
Molina aseveró que cuando la nueva administración se hizo cargo del Gobierno, “encontramos una realidad de saqueo de nuestras empresas públicas”, sumado a ello, los efectos de la pandemia que fueron muy complicados, como en la generación de empleo, en la paralización de proyectos y en la postergación de algunas actividades.
“Frente a esa situación desarrollamos un plan de reactivación inmediata del sector hidrocarburífero y energético, que incluye un sinnúmero de proyectos que fueron relegados, postergados o decretado su cierre por el gobierno anterior”, afirmó el ministro.
El 26 de marzo, durante una visita de diagnóstico a la PAU, el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, detalló que las pérdidas ocasionadas al Estado por la paralización de la planta eran de $us 291,19 millones, monto relacionado con lucro cesante, costos de la paralización, reparación por daño a equipos, falta de un adecuado mantenimiento y de una inadecuada hibernación.
A fines de junio, el gerente nacional de Industrialización de YPFB, Henry Lapaca, aseguró que estaba finalizando el cronograma de mantenimiento para el reinicio responsable de la fase de producción.
Las operaciones de la PAU fueron paralizadas en noviembre de 2019. En enero, el entonces presidente de la estatal petrolera admitió que la decisión se debió al sobreestocamiento de urea granulada y la falta de mercado.