La Justicia de Argentina ordenó los primeros actuados en la denuncia fiscal planteada contra el expresidente Mauricio Macri y otras exautoridades por el envío a Bolivia de 70.000 cartuchos antitumulto en 2019, mientras que el gobierno de Alberto Fernández alista una ampliación de la denuncia a partir de los datos facilitados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Según el medio argentino Página 12, el juez que conoce la causa, Javier López, requirió información sobre la carta de agradecimiento enviada por el excomandante de la Fuerzas Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros al exembajador argentino Normando Álvarez por el envío de “material bélico”, entre ellos 40.000 cartuchos antitumulto 12/70.
También demandó datos sobre si la embajada en La Paz requirió el envío de gendarmes y las comunicaciones entre La Paz y Buenos Aires; de las personas destinadas a la legación en La Paz y la existencia de registros fílmicos; y de la salida del avión Hércules con destino a Bolivia la noche del 12 de noviembre de 2019, además de evidencia fílmica.
Macri, la exministra de Gobierno Patricia Bullrich y otras exautoridades argentinas están acusadas por delitos como contrabando agravado. El “material bélico” llegó cuando la expresidenta Jeanine Áñez había ya tomado el poder, tras la renuncia, el 10, del expresidente Evo Morales, acorralado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.
Terceros, encarcelado por el caso “golpe de Estado”, agradece a Álvarez por 40.000 unidades, pero luego se conoció que fueron enviadas 70.000 de esos cartuchos. Justamente Del Castillo informó la mañana de este lunes que se investiga si el “material faltante”, la diferencia entre la que declara Terceros y lo que se reportó desde Argentina, fue utilizado en las “masacres” de Sacaba y Senkata, donde murieron más de una veintena de personas por impactos de bala.
La madrugada del 13 de noviembre ingresó a Bolivia materiales autorizados y no autorizados. “Uno de manera legal que fue autorizado por el IITCUP con nota previa en Cancillería específicamente para brindar seguridad a la Embajada de Argentina y otro armamento antidisturbios no autorizado, que no cuenta con ningún registro formal ni siguió los procedimientos establecidos en la ley boliviana 400”, aseguró Del Castillo.
A raíz de estos nuevos datos, el gobierno argentino de Fernández ampliará la denuncia inicial contra Macri.