El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que informes de Inteligencia dan cuenta que existen “algunos grupos que quisieran atentar contra la vida” del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien llegará a La Paz el jueves para declarar en el caso golpe de Estado.
El secretario Departamental de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, cuestionó la declaración de Del Castillo y consideró que “no puede ni debe convertirse en vocero de grupos irregulares ni andar corriendo amenazas de forma pública”.
Camacho confirmó que el jueves estará en La Paz para declarar ante la Fiscalía por el caso golpe de Estado, lo que desató una serie de reacciones. El dirigente campesino Eber Rojas le demandó llegar a La Paz y decir su verdad sobre lo ocurrido en la crisis de 2019, entretanto en un video un grupo de encapachados le advirtió que habrá “sorpresas”.
Del Castillo aseguró que Camacho tendrá las garantías necesarias, como cualquier acusado por un delito.
“Cualquier persona que es investigada por un delito, ya sea un feminicida, un asesino o una persona que se organiza para reprime al pueblo boliviano o una persona que se organiza para quitar la democracia de nuestro país, tendrá las garantías correspondientes del Estado y de las fuerzas de seguridad”, aseguró el ministro.
Añadió: “Hemos recibido informes preliminares de Inteligencia que existirían algunos grupos que quisieran atentar contra la vida de este sujeto, lo mismo sucede con los feminicidas, con los asesinos y lo mismo sucede con sujetos que están investigados por la supuesta comisión de un delito; existe gente molesta porque creo que de alguna manera va a obtener justicia generando daño físico hacia la otra persona, esto no lo toleramos”.
Camacho es uno de los principales acusados en la demanda presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty para que se establezcan responsabilidades por los hechos de 2019 que derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales. El ahora gobernador era en ese entonces dirigente cívico y lideró la protesta cívica bajo la consigna de fraude electoral.