El acuerdo firmado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el sector cañero, que establece la compra de 160 millones de litros de etanol en 2022, permitirá sustituir importaciones de gasolina en un valor de 140 millones de dólares, equivalente al 20 por ciento de la importación total, informó el vocero de la estatal petrolera, Juan Carlos Ortiz.
En contacto con Unitel, el funcionario precisó que las importaciones de gasolina planificadas son de 600 a 700 millones de dólares, pero el monto bajará un 20 por ciento con la firma de mencionado acuerdo.
Ortiz subrayó que más de la mitad del alcohol producido en Bolivia se destina al mercado del etanol, que es mezclado con la gasolina especial y comercializado al parque automotor.
La producción de alcohol llega a 270 millones de litros por año. De ese monto, 160 millones son convertidos en etanol y el resto es comercializado en la industria de bebidas y desinfectantes. También hay un excedente exportable.
En opinión del analista en hidrocarburos José Padilla, el proyecto etanol no es suficiente para frenar las importaciones de combustibles, que cada año se aproximan a los 1.600 millones de dólares, por lo que urge un cambio en la matriz energética.
Padilla dijo que es necesario invertir en investigación y tecnología para contar con proyectos de generación de energía sostenible.
El analista advirtió que el aumento de las importaciones de combustibles y la subvención a éstos puede generar graves efectos económicos en la economía, sobre todo porque los volúmenes de exportación de gas están en descenso.
Actualmente, cerca del 70 por ciento del diésel que consume el país es importado.
Alto presupuesto para importación
El Presupuesto General de Estado (PGE) 2022 asignó 58.347 millones de bolivianos para el gasto público. De ese monto, 31.967 millones serán destinados a YPFB (55 por ciento).
A su vez, la empresa estatal destinará 21.145 millones (el 66 por ciento) para la compra de hidrocarburos.
Según el analista en hidrocarburos Hugo del Granado, el monto asignado para la importación de combustibles “pone en evidencia la extrema gravedad de la dependencia energética del país, por la caída de la producción nacional y que el Gobierno no puede solucionar”.
El analista dijo que la estructura estatista del sector petrolero es una de las causas del problema.