El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta, aseguró este jueves que el persistente pedido de la abrogación de la Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, de parte de la oposición política, está basado en “falsedades”.
“Como FAM-Bolivia hemos criticado duramente la propuesta que hizo Comunidad Ciudadana (CC) de abrogar la Ley 1407 porque estaba establecida sobre la base de falsedades; hemos visto a un diputado de CC dar una conferencia de prensa y hemos analizado profundamente los argumentos que planteaba y nos ha sorprendido de sobremanera sus argumentos falsos”, dijo Puerta en una entrevista con La Razón Radio.
Incluso, según el representante de la FAM, CC ha pretendido confundir a la población, que por lo general no conoce a profundidad los artículos de este tipo de normativas, que son cuestionadas.
“Solo para darle un ejemplo de un argumento absolutamente falso es que se decía que debería ser una entidad, que está establecida en la Constitución y que es de participación, la que debería hacer el plan de desarrollo y que no debería hacer el Gobierno”, indicó.
Sin embargo, en criterio de Puerta, “eso es absolutamente falso” porque es competencia privativa del Gobierno hacer un plan de desarrollo.
Pero “para los gobiernos municipales (este tema ya) está zanjado y ya corresponde a otras instancias del Gobierno el generar o no un espacio de debate, que me parece absolutamente innecesario porque esto está sostenido en falsedades”, insistió.
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A mediados de noviembre, CC presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto para abrogar la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
La mañana de este jueves, CC y Creemos informaron que ambas bancadas de la oposición decidieron mantener su posición de que la cuestionada ley debe ser abrogada.
“CC y Creemos reiteramos las observaciones de inconstitucionalidad de la Ley 1407, al no haber cumplido el Gobierno nacional con la exigencia del artículo 317 de la Constitución de garantizar la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa, que sea la que formule el plan de desarrollo económico y social con representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada”, ratificó el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, al dar lectura al pronunciamiento conjunto.