En el valle Alto de Cochabamba, los avasallamientos de tierras productivas, las transferencias de títulos ejecutoriales a punta de amenazas y las agresiones físicas son el pan de cada día para muchos propietarios legalmente establecidos.
Por lo menos 1.000 hectáreas de tierras de esa región están en la mira de loteadores que son parte de un consorcio integrado también por jueces, fiscales e incluso policías, según el testimonio de una de las víctimas, Eduardo Chileno, recogido en una visita de Los Tiempos al lugar.
El valle alto está conformado por 15 municipios: Anzaldo, Arani, Arbieto, Capinota, Cliza, Punata, Sacabamba, San Benito, Santiváñez, Tacachi, Tarata, Toco, Tolata, Sacabamba, Villa Gualberto Villarroel y Villa Rivero. Uno de los municipios con mayor cantidad de conflictos entre dueños y loteadores es Arbieto.
Las víctimas cuentan que ya no saben dónde más acudir, porque ninguna autoridad ni institución intervino hasta el momento para que se respete su derecho propietario.
“Me han pegado dos mujeres en mi propio terreno. Presenté una denuncia en la Fiscalía de Tarata, pero no avanza. Ya van a ser dos años y recién las han imputado, pero dicen que no las detendrán”, lamentó Julia (nombre ficticio).
Ella, junto a otros comunarios de La Angostura que también están siendo despojados de sus tierras, viajó a La Paz para reunirse con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, pero no se logró revertir la situación.
“Una fiscal más bien sacó una resolución diciendo que no puedo heredar. La Policía tampoco viene cuando denunciamos. Voy a defenderme hasta cuando pueda, aunque todo es plata y tiempo”, remarcó.
La anulación de títulos se promueve con el argumento de que las tierras no “están cumpliendo su función social”, de acuerdo a juristas del área.
La familia Canelas es una de las afectadas por este modus operandi, ya que hace meses se tomaron parte de los predios de su hacienda Angostura y días atrás se atacó su finca Maicapampa.
El abogado de la familia, Eduardo Arze, aseveró que sus clientes son amenazados constantemente y que día que pasan las edificaciones en la propiedad privada y agrícola crecen como “hongos”. En el sector ya hay al menos 50 casas de una sola habitación, indicó.
En un recorrido por el lugar, se constató que los loteadores se identifican como afiliados a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales. Bajo esa bandera, abren caminos, instalan trancas, levantan muros como si fueran a emplazar un campamento y destruyen la vegetación nativa.
Arze informó que el predio cuenta con medidas precautorias emitidas por el INRA, pero ninguna autoridad hace nada, pese a que los dueños insisten que se cumplan las prohibiciones, y un informe de la Alcaldía de Arbieto recomienda la demolición de las construcciones ilegales.
El pasado jueves, los loteadores incluso golpearon y tomaron de rehén a uno de los trabajadores de la finca.
La senadora del MAS Lucy Escobar señaló que las víctimas que denuncian avasallamientos terminan abandonando el caso por diferentes circunstancias.
El alcalde de Arbieto, Crispín Chiri, señaló que los avasallamientos son un “problema serio” y que son difíciles de controlar, porque varios de los predios en conflicto están en el área rural, por lo que los casos son competencia de la oficina departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “Pero hemos coordinado con nuestras autoridades y organizaciones sociales para que se respete la normativa”, puntualizó.
Los Tiempos intentó contactar sin éxito al director del INRA, Armando Mita, para conocer su posición sobre estos hechos.