Las maletas de Diego García-Sayán, el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial y abogados, están llenas. En su viaje de retorno a Ginebra llevará consigo las denuncias de injerencia política en el sistema de justicia boliviano, además del clamor de decenas de víctimas, mujeres y familias golpeadas por feminicidios impunes, así como por la violencia ejercida desde varios niveles del Estado.
El alto funcionario internacional, que evitó comentarios públicos durante el desarrollo de su visita, hablará hoy con los periodistas. Entregará una primera opinión sobre los datos que recogió esta semana en el país para elaborar el informe que presentará en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Este reporte tenía que ser entregado en 2023, dentro de un año, pero el plazo fue reconsiderado por el propio relator. A través de un comunicado, señaló que la nueva fecha fue establecida por “la valoración del informe como insumo de importancia en el marco del proceso de reforma judicial que se lleva a cabo en el país”.
“La visita de García-Sayán es fundamental en la medida que nos va a permitir una mirada desde fuera del sistema boliviano. Los insumos que vaya a proporcionar al Estado boliviano para encarar esta reforma a la justicia serán muy importantes”, señaló el politólogo Marcelo Arequipa, en una evaluación preliminar de los resultados de esta visita.
En todo caso, la opinión de este personero, esperada por actores políticos y sociales, también contará con los descargos de autoridades del gobierno, de magistrados del país y juristas que trabajan en propuestas para mentada reforma el sistema judicial del país.
“Mostró una importante apertura a la sociedad civil, seguramente para tener un cuadro objetivo y equilibrado del estado de la justicia en nuestro país, caracterizado por la carencia de independencia de los jueces, dada la acción autoritaria de los gobiernos que, en la última década, han sometido al Órgano Judicial convirtiéndolo en un instrumento de dominación estatal, de persecución de la disidencia política y social y en un oscuro mecanismo de impunidad de los actos gubernamentales delictivos”, informó Juan del Granado, miembro del grupo de juristas independientes que plantea una reforma a la Constitución. Demanda que los criterios políticos salgan de la elección de las 26 máximas autoridades del Órgano Judicial.
La visita de relator especial coincidió, además, con uno de los peores momentos de la justicia. Delincuentes, condenados por feminicidios y violaciones fueron liberados a cambio de dinero y “una botella de whisky”, como pasó cuando Rafael Alcón devolvió a la calle a Richard Choque, un asesino serial que, tras ser beneficiado por la “detención domiciliaria”, mató a dos jovencitas para enterrarlas en el patio de su casa.
Alcón, quien dejó de ser juez por este caso, era protegido, según el ministro de Justicia, Iván Lima, por su hermano Gonzalo, quien llegó a presidir el Consejo de la Magistratura, una de las altas cortes del país, cuyos miembros son elegidos a través del voto popular de una lista preseleccionada bajo criterios políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tuvo una amplia mayoría.
Del Granado consideró que, a partir de “este copamiento” por parte del partido gobernante, “las afinidades partidarias se reprodujeron en todo el cuerpo judicial, con jueces supremos que nominaban al resto, generalizando la subordinación al poder político, junto a la mediocridad, la ineficiencia y la corrupción”, factores que se tradujeron en varias denuncias que pudo conocer el relator de la ONU en el país. Así, el grupo de juristas, del que forma parte Del Granado, entregó “un dossier informativo” de 50 páginas en los que se plantean las consecuencias contra la democracia de la injerencia y control del poder político en la justicia.
Pero la denuncia más notoria fue la que presentó Carolina Ribera, la hija de la expresidenta Jeanine Áñez. Ella presentó un disco compacto con “17 pruebas” de injerencia del poder en los procesos legales que promovió el MAS contra su madre. Al momento, de los seis juicios planteados solo uno llegó a la fase oral, pero por la vía ordinaria. En este caso se la juzga por el supuesto ascenso ilegal a la Presidencia, tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y no por las “graves vulneraciones a los derechos humanos” que documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Siguen impunes las masacres de Sacaba y Senkata, torturas por policías y graves actos de violencia cometidos por partidarios de ambos lados en 2019. El relator especial de la ONU debe insistir en su informe en que haya investigación independiente y justa”, reclamó César Muñoz, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW), uno de los observadores internacionales con mayor reputación.
De los 38 fallecidos registrados por la Defensoría del Pueblo durante la crisis política de 2019, al menos 12 se dieron cuando Evo Morales era aún jefe de Estado. En el proceso contra Áñez, que investiga un supuesto golpe de Estado, no ha sido citado el expresidente.
Acceso a la justicia
Al inicio de su visita, García Sayán anunció que el análisis “de la situación de la justicia en Bolivia” se iba a desarrollar con “un espíritu de cooperación y diálogo”. En ese marco, precisó —por ejemplo— que entre los aspectos clave de esta evaluación estaba la igualdad de acceso a la justicia y la asistencia legal en favor de la población, “incluyendo la perspectiva de género”, un factor que es clave para evaluar los derechos humanos.
Por eso, fue el mismo relator quien diseñó la agenda de reuniones. De hecho, anticipó que su prioridad en esta ocasión era establecer “un diálogo constructivo con todas las partes interesadas en fortalecer la administración de justicia en Bolivia”, ciertamente, golpeada por la falta de credibilidad, por su vinculación con el poder político y la corrupción.
En Sucre, al inaugurar el año judicial, el presidente Luis Arce fijó como meta la reforma de la justicia y cuestionó que el 49% de los jueces son interinos. A esto se suma la evaluación del nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, quien afirmó que el sistema disciplinario del país no es eficiente.
En el informe mundial de 2021 que presentó HRW se establece que cerca del 90% de los fiscales son interinos, “lo que dificulta la independencia de la justicia”.
“También nos preocupa que las mujeres y niñas continúen expuestas a un alto riesgo de violencia. Se ve con claridad en el dato de 108 feminicidios contabilizados por la Fiscalía en 2021 y en los numerosos casos de abuso sexual contra niñas que luego ven su derecho al aborto legal obstaculizado, sufriendo estigma, maltratos y revictimización”, señaló Muñoz.
La revista británica The Lancet, especializada en salud y derechos humanos, publicó ayer un reporte que señala que el 42% de las niñas y mujeres bolivianas, de entre 15 y 49 años, “ha sufrido violencia a manos de una pareja o expareja”. El indicador es preocupante.
En ese marco, representantes de las familias de las víctimas de feminicidio también se reunieron con García-Sayán para entregarle los documentos de una “grave situación de retardación de justicia”.
El relator hablará hoy con el presidente Luis Arce y almorzará con el ministro Lima. Con eso, la valija estará lista para el viaje.