Gobierno exhibe a cocaleros detenidos y habla de una “organización criminal”

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó de una “organización criminal” de alcance internacional a los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), aprehendidos el martes durante los conflictos por el mercado paralelo de coca que el dirigente del MAS Arnold Alanes mantiene abierto con resguardo policial. Una abogada afirmó que hay vecinos detenidos.

“Hay malos dirigentes que están contratando gente de otros lugares. Producto de ello también hemos logrado el secuestro de teléfonos celulares que ya fueron remitidos al Ministerio Público y la gran mayoría de estas personas están utilizando números internacionales para poder operar criminalmente dentro del territorio nacional”, aseguró ayer Del Castillo en conferencia de prensa en el Comando General de la Policía.

Instantes después ordenó a los policías presentar a los aprehendidos. Según Evelín Cossío, abogada de los cocaleros de Adepcoca, entre las 24 personas sindicadas están cinco vecinos de las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, además de un menor de edad.

Del Castillo prosiguió con afirmaciones duras contra los detenidos: “Tenemos testigos que los han identificado plenamente al momento en que estaban arrojando dinamitas en contra de la integridad de transeúntes y efectivos policiales. Por tanto, ya nos hemos constituido en parte (del proceso) para que estos sujetos no puedan recobrar su libertad. Sabemos qué acciones habría realizado cada uno de estos sujetos”.

Cossío recordó que la orden del ministro, de presentar públicamente a cocaleros y vecinos, se la hizo violando una disposición del Tribunal Constitucional que prohíbe estas acciones que vulneran del debido proceso.

Asimismo, desmintió que se haya probado que los aprehendidos tienen vínculos con redes criminales internacionales.

“En las declaraciones informativas que prestaron (cocaleros y vecinos), en ningún momento se advirtió de que ellos tuvieran contacto con personas extranjeras, eso es totalmente falso. Sin embargo, nosotros sabemos que estas personas serán imputadas, aunque no existan elementos de la probabilidad de autoría de algún delito, sabemos que el interés del Gobierno es fuerte y el Órgano Judicial está sometido”, sostuvo Cossío.

Los cocaleros están movilizados desde hace dos semanas exigiendo el cierre del mercado paralelo, al que consideran clandestino. El alcalde de La Paz confirmó la ilegalidad de dicho mercado, puesto que no cuenta con licencia de funcionamiento municipal y aclaró que el único habilitado en ese rubro es el de Adepcoca, en Villa Fátima.

Critican a policías y piden diálogo

El presidente de la zona, Villa El Carmen Central, Ramiro Martínez, informó que desde hace semanas el Ministerio de Gobierno no atiende las solicitudes de reunión. Remarcó que hizo ese pedido junto a otras juntas vecinales debido a las detonaciones de dinamita y las gasificaciones indiscriminadas de la Policía por el que al menos cuatro centros educativos tuvieron que suspender sus clases.

La dirigente vecinal del Distrito 13, Mari Guzmán, indicó que ayer los vecinos salieron en marcha para “pedir paz y que el Gobierno dé una solución al conflicto”.

Junto a Martínez, coincidieron en señalar que la mejor solución es que ambos mercados de coca -el de Adepcoca y el ilegal- cierren y se vayan a otros puntos de la ciudad. Señalaron que a raíz del conflicto viven en constante zozobra e incomunicados, porque el transporte público se niega cubrir esa ruta.

Página Siete recogió el testimonio de varios comerciantes, quienes también solicitaron al Gobierno una solución. “Ambos son seres humanos, policías y cocaleros, el policía también sufre”, afirmó una comerciante de Villa El Carmen. Similar criterio vertieron las vendedoras del mercado Carmen La Unión.

Sin embargo, vecinos que pidieron no ser identificados por haber sufrido amenazas, apuntaron a los policías como “los más violentos y prepotentes”.

“Sabemos que cumplen órdenes, pero se metieron a las casas sin orden judicial, violando todos los derechos. Yo fui testigo de cómo se golpeó a dos cocaleros de la tercera edad que estaban desarmados, y otras mujeres policías revolcaron a las vecinas y rompieron un celular para que no grabemos nada”, señaló un vecino.

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