El partido de Gobierno, MAS, aceleró en diez días, la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados, del contrato de préstamo de la CAF de 400 millones de dólares a pagarse en un plazo de 18 meses, con 66 meses de gracia y una tasa de interés de 4,52%. Desde la oposición, la diputada María René Álvarez, advirtió de “un mal uso del medio ambiente y cambio climático” para acceder a esos fondos.
“No sería la primera vez que el MAS mete de contrabando leyes, con un título bonito, como la ´Ley para fortalecer la lucha contra la violencia hacia la mujer´, pero en uno de los artículos metió el colaborador eficaz. Y luego con un decreto -4757- introdujo esa figura, por encima del Código Penal y la propia Constitución Política del Estado”, afirmó.
El proyecto de ley “Programa de gestión presupuestaria hacia la acción ambiental y climática y transparencia de las finanzas públicas”, dijo que es claro ejemplo, que en el marco normativo se basa en la Constitución Política del Estado, en la Ley de la Madre Tierra, pero en ninguna parte se detalla los proyectos que podrían realizarse a favor del cambio climático o del medioambiente.
“Estamos hablando del Gobierno más extractivista y depredador de la historia. Se está usando la urgencia ambiental y climática para lograr ese millonario préstamo; no sabemos cómo se vaya a ejecutar esos recursos, llama la atención que el proyecto de ley fue derivado a la Comisión Región Amazónica, Recursos Naturales, Cambio Climático y Medioambiente y ni siquiera esperaron su tratamiento en esa instancia”, afirmó a Brújula Digital.
En el proyecto de ley se destaca el comportamiento “favorable” los de indicadores de solvencia y liquidez registrados al 31 de diciembre de 2021, que reflejan la capacidad de endeudamiento del país y su sostenibilidad a través del tiempo.
“Estamos hablando de que hay criminalidad que puede surgir en torno al tema ambiental como consecuencia de la deforestación, quema de bosques, minería (…). Se tenía que haber tratado en la comisión, pero lamentablemente estaban con tanta urgencia de que el proyecto de ley pase a la plenaria que solo fue tratado en la Comisión de Planificación, y en menos de diez días pusieron en marcha este proyecto de ley”, dijo.
El proyecto de ley que fue derivado al Senado señala que la contratación de la deuda pública tiene sostenibilidad financiera. “Respecto a la generación de ingresos para cubrir el capital e intereses del Convenio de Crédito, el Producto Interno Bruto (PIB) en la gestión 2021 alcanzó a $us 40.703 millones, reflejando un nivel importante de ingresos”, apunta.
Se justifica además ciertas condiciones a tasas de interés, plazos, montos y otras circunstancias son más ventajosas.
“El programa de apoyo a la gestión presupuestaria: hacia la acción ambiental y climática y transparencia de las finanzas pública, por un monto de $us 400 millones, se encuentra en los parámetros habitualmente contratados con CAF, utilizando como parámetro de comparación la tasa de interés (cupón) ofertada para los Bonos Soberanos, de 7,5% y un vencimiento de ocho años, superior a la propuesta por dicho organismo financiador”, señala el proyecto.
La legisladora chiquitana observó que el proyecto de ley sea muy genérico. “En los objetivos específicos se señala: fortalecer la gestión presupuestaria territorial y mejorar la gestión de la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales autónomas (ETA), es decir, obviamente que también quieren endeudar a los que son los gobiernos municipales”, sostuvo.
Dijo que llama la atención la falta de una normativa o disposición que regule los fondos para el cambio climático en el país. “Se violenta cada vez más las leyes ambientales y agrarias; hay una situación de descontrol total, y claro ejemplo es lo que pasa con los incendios forestales en la Chiquitanía”, mencionó.
Calificó de alarmante que el presidente Luis Arce dijo en Ucureña que se precautelará las áreas protegidas y que no se permitirá avasallamientos ni tráfico de tierras, pero luego se reunió con empresarios para dar un giro en su discurso. “Luego viene a Santa Cruz, se encuentra con los empresarios y ofrece tierras para el agronegocio”, lamentó.
“Es una ley tan genérica, de recursos de libre disponibilidad, que no sabemos a ciencia cierta si esos dineros irán a fortalecer las políticas de cambio climático y medioambiente. Porque sabemos que el discurso del Gobierno es de boca para afuera, porque sabemos que es el Gobierno más avasallador y depredador, que pone en una situación de alta vulnerabilidad a territorios indígenas y a las áreas protegidas”, manifestó.
“¿Para qué lo usarán?, cuestionó la asambleísta al referirse a los 400 millones de dólares, pues consideró que serán empleados en todo, menos para lo que debe ser: el cambio climático y la problemática ambiental derivada de la minería en la Amazonía y la Chiquitanía, de los incendios forestales provocados por interculturales para ser luego destinados al agronegocio y los avasallamientos permanentes en tierras de vocación forestal y agrícola.