Disminución de ingresos, “sacrificio” de la inversión para mantener la expansión del gasto corriente, mayor endeudamiento y un elevado déficit fiscal son las principales características del Presupuesto General del Estado (PGE), un plan financiero que evidencia que el modelo económico estatal ya dio todo lo que podía, según analistas.
Desde hace varios años, los presupuestos del Estado registran menos recursos. Primero, por una caída “contundente” de la renta hidrocarburífera debido a la disminución de la producción de gas y petróleo; después, por el desplome temporal de la cotización internacional del petróleo y la contracción de las recaudaciones tributarias, consideró René Martínez, analista de presupuestos públicos de la Fundación Jubileo.
El gasto corriente, por el contrario, continúa creciendo, lo que explica el elevado y sostenido déficit fiscal, la menor disponibilidad de recursos para inversión y el crecimiento de la deuda pública.
“En los últimos años, todos los niveles de gobierno están tratando de mantener o incluso incrementar el gasto corriente, sacrificando la inversión pública”, afirmó el especialista de Jubileo.
Según información del Ministerio de Economía, el PGE es uno de los instrumentos más importantes de la política fiscal, porque permite la implementación de los programas y proyectos en el marco del modelo económico social comunitario productivo.
En el caso del PGE 2022, no solo da continuidad al modelo del Gobierno, también refleja los problemas que arrastran desde hace años las finanzas públicas y los nuevos retos que emergieron de la etapa más crítica de la pandemia.
“El de 2022 ha sido un presupuesto con muchas restricciones y una de ellas es que no hay plata”, remarcó el legislador de Comunidad Ciudadana José Luis Pórcel, de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
“Ya en 2021, el Gobierno se propuso emitir bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) por $us 3.000 millones que nadie le compró en Estados Unidos. Este año, hizo lo mismo con $us 2.000 millones, que nadie le ha aceptado en Wall Street. Sí consiguió $us 850 millones de las AFP a una tasa del 7,5%, cuando el FMI nos prestó con un interés del 1,05% en 2020”, recordó el asambleísta.
Un análisis de la Fundación Jubileo indica que en el PGE 2022 “el déficit fiscal continúa siendo extremamente elevado y, sin embargo, prácticamente no hay señales de que se quiera ajustar el excesivo gasto público, en muchos casos injustificado e ineficiente. Esto suscita, como es lógico, muchas dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
“Si bien la deuda externa es relevante, el PGE descansa sobre todo en las recaudaciones y el endeudamiento interno, lo que lleva a la discusión sobre la carga tributaria y las obligaciones que recaen en un reducido número de contribuyentes. De continuar esta senda de financiamiento, los equilibrios macroeconómicos podrían verse afectados”, concluyó.
“En las cuentas públicas, no es un problema central el gasto público en sí mismo, sino el financiamiento del gasto público, que debería ser con ingresos genuinos; es decir, con impuestos, y excepcionalmente recurrir al crédito público interno y externo porque afecta a la generación presente y futuro de los bolivianos”, observó el economista Germán Molina.
“Lo preocupante es que las autoridades no tienen un plan económico para tratar de resolver esta compleja situación de las finanzas públicas. Todo está orientado a la confrontación y no se avizora una recuperación”, sostuvo Martínez.
Por ello, se prevé que esta situación se repita en el Presupuesto General del Estado 2023, cuyo proyecto de ley debía haberse enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 31 de octubre.
Este medio solicitó al Ministerio de Economía información sobre el proyecto de Ley Financial 2023, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición. También requirió la misma información del presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra (MAS), con el mismo resultado.
“He solicitado personalmente al presidente de la Comisión de Planificación (Yujra) un ejemplar del borrador del PGE y me dijo que no le llegó todavía, pero puedo estar seguro que lo tiene”, afirmó el 6 de noviembre Pórcel, miembro de esa comisión legislativa.
“La tendencia nos muestra que no habría mayor novedad con el presupuesto” de la próxima gestión, consideró Martínez.
El PGE 2023 “no sería muy diferente de lo que prevaleció en anteriores gestiones como: el tipo de cambio fijo, la expansión del gasto público (corriente y de capital), elevado déficit fiscal, desahorro público, deuda flotante y crédito externo e interno”, aseveró Molina, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
La sostenibilidad en duda
El asambleísta Pórcel consideró que la falta de ingresos y la emisión de bonos para captar recursos externos serán dos de las principales características del proyecto de Ley Financial 2023.
“Hay muestras de que ya han raspado la olla y no saben qué hacer”. El proyecto de Ley del Oro de Producción Nacional “es aparentemente la tabla de salvación” del Gobierno. “Con eso van a poder captar oro, no van a pagar impuestos, lo van a fundir en el exterior y lo van a vender. Es la única forma de traer dólares, porque están muy desesperados por nuestras reservas internacionales, que al 26 de octubre estaban en $us 998 millones en divisas”, sostuvo Pórcel.
“Después no hay más. Ya no saben qué impuestos más implementar en el país, porque ahora se están cerrando (los negocios) o se están pasando a la economía informal, por la persecución tanto del Ministerio (de Economía) como de Impuestos Internos”, dijo.
Para el analista de Jubileo, “es momento de evaluar los resultados de este modelo que prioriza un gasto que no es sostenible”.
“El nivel de endeudamiento y la situación de las empresas públicas claramente nos muestra que debería haber un giro, porque la economía se ha estado deteriorando por muchos años y las cosas no están funcionando”, expresó.
Molina consideró que, ante un contexto externo de crisis, el país puede beneficiarse de la situación y “hacer buenos negocios” con todos los países sin excepción.
En cambio, “en un contexto interno de gestión de recursos públicos escasos, no se cuenta con una alternativa diferente en el corto plazo de seguir manteniendo un tipo de cambio fijo y elevado gasto público financiado con desahorro público, deuda flotante, crédito público externo y emisión monetaria, como vino sucediendo”.
“Para financiar la brecha fiscal se utilizarían recursos provenientes de crédito interno y externo, porque no sería posible de hacerlo con los ingresos corrientes esperados que se generen durante el próximo año”, concluyó.
El analista de presupuestos públicos de Jubileo indicó: “Claramente, no ha funcionado el planteamiento de que el Estado iba a ser la solución; el principal actor de la economía, el que planifica, organiza, promueve y participa directamente produciendo bienes y servicios públicos”.
Ahora, “hay que generar políticas adecuadas y coherentes, darle mejores condiciones al sector privado. El sector público ya, claramente, ha agotado lo que podía hacer”, remarcó Martínez, quien sostuvo que es también momento de revisar temas postergados en el país, como el pacto fiscal y el sistema tributario.