Las protestas en torno a la fecha del censo, cuyo epicentro está en Santa Cruz, y la arremetida del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) son los frentes que ponen en jaque al presidente Luis Arce, quien cumple hoy dos años de gestión.
Junto a ello se identifica que el jefe de Estado no cumplió la meta de la reforma judicial y no asumió el reto de la reconciliación tras la crisis de 2019.
El 13 de julio se publicó en la gaceta el Decreto Supremo 4760 que cambia la fecha del año del censo de 2022 a 2024. Un año antes, el propio presidente Arce emitió una normativa que declaraba “prioridad nacional” al operativo censal para el 2022.
La puesta en vigencia del diferimiento de la fecha del censo puso en pie de lucha al Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz, instancia que llamó dos paros cívicos, el primero, el 25 de julio, de 24 horas; y el segundo, el 8 y 9 de agosto, de 48 horas.
El 30 noviembre, el cabildo de Santa Cruz le dio un plazo al Gobierno, hasta el 22 de octubre, para que modifique la fecha para el 2023, de lo contrario iban a ingresar a un paro indefinido, medida que al final se consumó.
El Gobierno para hacer frente al conflicto, primero, comenzó una serie de mesas técnicas departamentales, pero al no lograr éxito, y una vez cumplido el plazo de Santa Cruz, el mismo 22 de octubre convocó a una reunión a los miembros del Comité Interinstitucional, cita que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, abandonó porque no se aceptó la propuesta del comité de un decreto para modificar la fecha del censo.
Para el 28 de octubre, el Ejecutivo convocó a un encuentro de autoridades municipales y subnacionales en Cochabamba, pero sólo asistió Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno e integrante del comité. Así, entre intentos fallidos, el 4 de noviembre el Gobierno instaló la mesa técnica de Trinidad -que aún está en marcha- para determinar una fecha definitiva del censo.
La segunda embestida a la que Arce hace frente es a la del ala “evista”. La disputa en el oficialismo se agudizó por la reciente elección de la directiva de la Cámara de Diputados y la jefatura de bancada nacional.
Los embates desde el ala “evista” iniciaron a fines de diciembre del 2021, cuando Arce desoyó la sugerencia de ajustes en el gabinete. Las pugnas escalaron al punto de que el líder del MAS, Evo Morales, denunció supuesto encubrimiento al narcotráfico del Ministerio de Gobierno y el diputado Héctor Arce denunció un caso de supuestas coimas en la Administrado Boliviana de Carreteras (ABC).
El evismo, en más de una oportunidad, pidió a Arce destituir a los ministros Iván Lima (Justicia) y Eduardo Del Castillo (Gobierno). La solicitud formal más reciente data del ampliado del MAS, de principios de octubre, en el que se pidió alejar a ambos del gabinete.
El politólogo Ludwin Valverde señaló que los conflictos con Santa Cruz se deben a la mala comunicación que hay al interior del Gobierno. “Las declaraciones de la exministra Gabriela Mendoza, del ministro Sergio Cusicanqui, y del vocero presidencial es una clara muestra de estas contradicciones internas”.
El cientista político Carlos Cordero calificó de “paradójico” que siendo el Gobierno del MAS, los mayores embates a la gestión de Arce procedan de los miembros de esa sigla.
“La mayor oposición del Gobierno, viene del propio MAS. Los embates más duros contra la gestión de Arce vienen desde el interior del oficialismo, de ala evista. (…) El objetivo de Arce es mantenerse viable para las elecciones del 2025 y eso molesta a ala evista”, sostuvo Cordero.
El diputado del MAS Rolando Cuéllar, de los denominados “renovadores”, indicó que el Gobierno en dos años de gestión “no tuvo ningún error”. “La gestión del presidente ha sido positiva, vemos que se están inaugurando muchas obras y se logró reactivar la economía. No hubo errores del Gobierno”, aseveró.
El legislador de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas dijo que el Gobierno de Arce es “débil e improvisado”, para lo cual recurre al discurso del gobierno. Asimismo, aseveró que no hubo reactivación económica, la reservas internacionales cayeron a menos de 4.000 millones de dólares y el tema de la reforma judicial “fue un fracaso”.
“En dos años no hubo reconciliación, sino hubo confrontación porque los masistas se fortalecen a través de la división y la polarización”, enfatizó.
El parlamentario evista Héctor Arce, calificó de positiva la gestión gubernamental. Sin embargo, observó que no se hizo caso a las recomendaciones del partido de cambio de ministros para una mejor gestión y tampoco se tomó acciones como en el caso ABC.