El analista Paúl Coca y el exministro Guido Áñez coinciden en que es un muy complicado que se promulgue, en poco tiempo, la ley para la realización del Censo de Población y Vivienda en marzo del 2024.
Para este jueves, a las 18:00, está previsto tratar y debatir la normativa, según la convocatoria dada a conocer por el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.
En EL DEBER Radio, Coca dijo que, de aprobarse el proyecto de ley en la cámara baja, pasaría al Senado donde legisladores del MAS ya adelantaron que “aquí no pasa ninguna ley”.
El analista dijo que, si por algún motivo la normativa es también aprobada en Senadores, tendría que pasar al presidente Luis Arce para su promulgación.
“Si se observa el procedimiento parlamentario, se lo devuelve a la cámara de origen, que vendría a ser Diputados. En todo este tiempo, estaríamos hablando de una semana adicional”, indicó Coca al señalar que el mandatario tiene 10 días más para promulgar o no una ley.
Por otro lado, Coca dijo que, desde el punto de vista legal, lo único que se mantiene vigente es el Decreto Supremo 4824, que garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos en septiembre del mismo año.
Añadió que hay un problema porque el Órgano Electoral ya dijo que se tiene que contar con resultados oficiales hasta septiembre de 2024 para que se pueda dar la repartición de escaños parlamentarios.
“El Decreto 4824, en su artículo único, solamente establece que los resultados preliminares deben estar para septiembre para la distribución de recursos, pero no se refiere a la repartición de los escaños parlamentarios”, recordó el analista.
Vea la entrevista de Coca en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio:
En tanto, Áñez ve que el Comité Interinstitucional ha “hecho las cosas al revés” porque se debió haber negociado antes con el Ejecutivo para plantear el proyecto de ley.
“Si se quiere llevar este proyecto de decreto a proyecto de ley, se tiene hacer un acuerdo para que el mismo lo plantee a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todo el procedimiento puede demorar 45 días, por eso me molesta que no se hayan hecho asesorar bien para ir a este proceso, le hemos dado la pelota al enemigo para que nos haga un gol. Al final, la ley mata al decreto y la ley mata al paro”, dijo Áñez.