En un contexto donde la gran mayoría de las economías del mundo no se han recuperado plenamente de la pandemia del Covid-19, más aún en una situación de inestabilidad de mercados de bienes y capitales por la guerra en Ucrania, apuntando este proceso a una nueva recesión económica el próximo año con un mayor índice de inflación, el Gobierno proyecta en el Presupuesto General del Estado PGE 2023 un alza del 4,5% en el gasto para sueldos y jornales en el aparato estatal.
El documento presentado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, deja entrever que en la presente gestión se destinaron Bs 45.235 millones para el pago de sueldos y jornales, cuyo monto crece a Bs 47.253 millones (4,5%) para la próxima gestión. Los sectores magisterio y salud, Policía y Fuerzas Armadas concentran la mayor porción de los recursos destinados para el pago de salarios.
El PGE 2023 contempla un crecimiento del monto para el pago de sueldos y jornales de los servidores públicos que dependen de las empresas del Estado. Asi, el monto destinado para este fin pasa de Bs 2.774 millones (2022) a Bs 3.177 millones para el próximo año.
En términos de sueldos y jornales, a decir de Montenegro, el grueso del pago corresponde a Policía, Fuerzas Armadas y los sectores magisterio y salud, que configuran un 58,1% del presupuesto.
“Este gasto se hace a lo largo y ancho del país. Se paga a profesores, médicos, policías que garantizan la seguridad ciudadana en todos los municipios de Bolivia y a las Fuerzas Armadas desplegadas en el país”, anotó el ministro.
Reducir costos fijos
En opinión del presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez, la tendencia del incremento del gasto corriente data de varios años. “Vemos que hay un déficit fiscal alto, tenemos un presupuesto alto en subvención de hidrocarburos que se ha convertido en una partida de gasto corriente. La tendencia debe ser al revés, reducir los costos fijos del Gobierno nacional para achicar el déficit fiscal que es deuda y que la pagan generaciones que no tienen nada que ver con el gasto, nuestros hijos y nietos”, expresó.
A juzgar por el economista Mauricio Ríos García, la contratación de empleados públicos supernumerarios y el incremento de su sueldo constituyen un soborno electoral, una prebenda. “Es una irresponsabilidad muy grande, pues, aunque se observa una reducción comparativa respecto de este año, el déficit fiscal sigue siendo demasiado elevado”, dijo.
Anotó que el Gobierno subestima los crecientes riesgos de la economía nacional (sobre todo en el sistema bancario y financiero) y economía global, que se encamina a un complicado escenario de estancamiento inflacionario. “El PGE 2023 ilustra que el margen de maniobra ante cualquier eventualidad es cada vez menor. Es una apuesta arriesgada”, apuntó Ríos.
El analista financiero Jaime Dunn, afirma que el presupuesto está basado en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, intensivo en gasto y en consumo. “Los sueldos y salarios, sin tomar en cuenta el IDH y el IHD, superan la recaudación tributaria. Hay una cantidad muy grande de empleados -más de 520.000- y esto pone una presión fuerte en el gasto y el déficit fiscal”, puntualizó.
Para Antonio Saravia, doctor en economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University (EEUU), para reducir el gasto público y eliminar paulatinamente la deuda se deben quitar del medio las decenas de empresas públicas ineficientes y deficitarias.