La ley para la realización del Censo de Población y Vivienda forma parte del debate que se realiza desde hace unos días en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Mientras los parlamentarios del oficialismo y la oposición discuten la aprobación o rechazo de este proyecto de ley, en el departamento de Santa Cruz, sobre todo en la capital cruceña, el paro indefinido ingresó al día 35 y aún no se levanta.
Ayer, representantes de la Iglesia católica hicieron público un comunicado en el que exhortan a los ciudadanos a levantar la medida de presión porque por cada día que pasa, la protesta “se hace más insoportable y amenaza con volverse rebeldía”, que podría generar consecuencias imprevisibles, debido a “la indiferencia y la falta de respuesta” por las autoridades e instituciones estatales.
“La paz esté con ustedes. El alargamiento del paro general y los bloqueos en el departamento de Santa Cruz, además de causar graves perjuicios a ciudadanos, instituciones, el mundo educativo, sanitario, laboral y social en el desempeño de sus responsabilidades y quehaceres cotidianos, representa un gran sacrificio y causa particular sufrimiento y dolor en los pobres, a los enfermos, ancianos que viven solos, trabajadores eventuales e innumerables hermanos y hermanas vulnerables y necesitados”, indicó el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, quien fue el encargado de leer el comunicado de la Iglesia católica.
También señaló que se solidarizan y hacen eco del “clamor del pueblo pidiendo que, de una vez por toda, se solucione el problema” y que en la capital y el departamento se puedan reanudar de inmediato las actividades laborales y la vida cotidiana.
El presidente de la Cámara de Senadores y parlamentario del MAS, Andrónico Rodríguez, también solicitó que se levanten las medidas de presión, además de deponer “las actitudes violentas, agresivas”, y vuelva la normalidad a Santa Cruz.
“Es triste que se busque sacrificar el pueblo. Lamentamos que se haya sacrificado al ciudadano de manera innecesaria y sin un horizonte”, dijo el titular de la Cámara Alta.
En tanto, la dirigencia cívica mantiene la posición de sostener el paro indefinido hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la ley. El miércoles, el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exhortó a los ciudadanos a que se mantengan en las calles hasta lograr la ley. Aseguró que hubo avances, pero faltaba el último procedimiento en la lucha.
En esa petición coincidió el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. “Pedirles a todos esos vecinos que se encuentran en las rotondas, sacrificándose más de 34 días, y han demostrado la estirpe y fortaleza que nos caracteriza al pueblo cruceño que nos mantengamos firmes porque estamos culminando esta lucha que nos ha costado a todos”, expresó ante los medios de comunicación.
Sobre el debate en la Cámara Baja referido al proyecto de ley del censo, Calvo dijo que espera que los parlamentarios oficialistas no lo vean como algo político, sino como una esperanza para todos los bolivianos. “Está en sus manos y el pueblo boliviano está viendo qué parlamentarios piensan en un partido político y cuáles son los que piensan en el futuro de los bolivianos y la democracia”.
Sobre si se levanta o no el paro indefinido, el primer vicepresidente cívico, Fernando Larach, dijo que desconoce si esa medida está siendo analizada.
“Nosotros abrigamos la esperanza de que la ley se apruebe lo antes posible. La determinación que el paro se levante o no, dependiendo de su aprobación en la Cámara de Diputados, es una decisión que toman las cabezas o la dirigencia del Comité Interinstitucional”, dijo el representante cívico.
También lamentó la posición del presidente del Senado, “quien debería ser el más interesado en que haya paz en el país, pero, a juzgar por sus declaraciones, parece que busca seguir con el conflicto”, acotó Larach.
Mantienen el paro
El abogado y vocero de las rotondas, Jorge Santistevan, recomendó que no se debe hablar de victoria, porque nada justifica el esfuerzo realizado población durante los 35 días de paro indefinido que se llevan adelante.
También pidió a los representantes del Comité Interinstitucional que se tomen determinaciones en conjunto con las rotondas, en vez de utilizar comunicados abiertos, para que se permita el paso a las ambulancias, médicos, medios de prensa y carros basureros.
“Lo que reconoce la sociedad civil es lo que se determinó en el pasado cabildo y por eso está en la calle, por lo tanto, no reconocemos ni confiamos en la ley y tampoco en el decreto supremo, hasta que el presidente del Estado nos de pautas que va a cumplir con algunas de las normativas”, dijo Santistevan.
Por su parte el Ilustre Concejo Universitario (ICU) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) determinó continuar en estado de emergencia y apoyar al paro indefinido hasta que la ALP apruebe la ley del censo de población.
En tanto, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, dio plazo al legislativo nacional hasta el lunes 28 para que la normativa sea aprobada, caso contrario tomarán medidas de hecho, tanto a nivel departamental como nacional.
Aprobación puede demorar
El analista Paúl Coca y el exministro Guido Áñez coinciden en que es un muy complicado que se promulgue, en poco tiempo, la ley para la realización del Censo de Población y Vivienda.
Coca dijo en el programa Influyentes de El DEBER Radio que, de aprobarse el proyecto de ley en la Cámara Baja, pasaría al Senado donde legisladores del MAS ya adelantaron que “aquí no pasa ninguna ley”.
El analista dijo que si por algún motivo la normativa es también aprobada en Senadores, tendría que ser derivada al presidente Luis Arce para su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial.
En tanto, Áñez ve que el Comité Interinstitucional ha “hecho las cosas al revés”, porque antes de proponer el tratamiento de una ley del censo, se debió haber negociado con el Ejecutivo para plantear la presentación del proyecto para elevar a rango de ley el decreto supremo emitido por el presidente Luis Arce, que establece la realización del censo para el 23 de marzo de 2024.
“Si se quiere llevar este decreto supremo a proyecto de ley, se tiene hacer un acuerdo para que se lo plantee en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todo el procedimiento puede demorar 45 días, por eso me molesta que no se hayan hecho asesorar bien para ir a este proceso. Le hemos servido la pelota al enemigo para que nos haga un gol. Al final, la ley mata al decreto y la ley mata al paro”, enfatizó Áñez, parafraseando al expresidente Jorge Quiroga.
Por su lado, el abogado Paúl Antonio Coca dijo que hasta ahora no existe nada concreto, porque la Asamblea Legislativa no ha aprobado el proyecto de ley del censo en ninguna de sus instancias.