En los ríos amazónicos Beni y Madre de Dios, que atraviesan los departamentos de Beni, Pando y La Paz, existen sólo 30 actividades mineras autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); sin embargo, de acuerdo a pobladores y representantes de esta región, existen muchas más operaciones ilícitas en estos y otros ríos del norte del país.
De acuerdo a un informe escrito del Ministerio de Minería y Metalurgia, en los ríos mencionados se concedieron derechos sobre 30 áreas mineras que suman 494 cuadrículas (12.350 hectáreas). La información fue proporcionada a solicitud escrita del senador de Comunidad Ciudadana, Fernando Vaca, quien consultó cuántos permisos mineros se dieron en estos ríos y otros seis: Orthon, Tahuamanu, Manuripi, Manupare, Manurimi y Madera, la mayoría localizados en Pando.
El Gobierno no entregó ningún derecho minero en estos seis ríos restantes, pero en la práctica la situación es distinta, aseguró Vaca.
«De todos los ríos mencionados en mi petición, el Ministerio de Minería sólo menciona que hay permisos en el río Beni y Madre de Dios. En ninguno de los otros ríos se indica que haya contratos; sin embargo, vos le preguntas a comunarios de allí y te dirán que todo el mundo hace minería, hay balsas y dragas ya trabajando y los únicos que no saben son los de la AJAM», manifestó el legislador.
Soter Sánchez, consultor forestal que radica en Riberalta, población beniana en la que desembocan muchos de estos ríos, respaldó la declaración del senador. Indicó que en los últimos cinco años se formaron cooperativas mineras y llegaron personas del interior del país para extraer oro con uso de mercurio, sin cumplir normas ambientales ni tener permisos.
«No son 30, son muchísimos más que llegaron también al río Orthon. Están sobre balsas, pero no trabajan a un nivel industrial con maquinaria», declaró Sánchez.
Los testimonios también señalan que en las orillas del área protegida Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi también se practica minería ilegal sin que la AJAM ni el Ministerio de Medio Ambiente hagan algo al respecto.
El senador Vaca indicó que enviará una minuta de recomendación para que los Ministerios de Minería y de Medio Ambiente cumplan sus deberes establecidos por ley. Si esto no ocurre, las omisiones en controles podrían ser calificadas como el tipo penal de incumplimiento de deberes, añadió el legislador.
Por otro lado, la actividad minera lícita deja solamente un 2,5 por ciento de regalías en la región, lo cual es un monto ínfimo del valor extraído.
Hay 18 licencias de antes de 2014
De las 30 actividades mineras autorizadas por la AJAM en los ríos Beni y Madre de Dios, 18 corresponden a autorizaciones transitorias especiales (ATE), concedidas antes de 2014, cuando se promulgó la Ley 535 de Minería. Desde entonces las mismas aún no han sido adecuadas a la nueva normativa.
Nueve de los 30 derechos mineros son contratos, y hay dos licencias de prospección y exploración.
El senador Fernando Vaca cuestionó que existan autorizaciones transitorias especiales desde hace más de 15 años sin que éstas se hayan adecuado a la nueva normativa. Algunas de éstas datan de 2006 o incluso 2004, en favor de privados y cooperativas.