El ministro Édgar Montaño exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar el presupuesto para no perjudicar el desarrollo del país.
El 21,1% del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 está destinado a obras en carreteras, viviendas, telecomunicaciones y otros proyectos, por lo que urge su aprobación, dijo este lunes el ministro de Obras Públicas, Viviendas y Servicios, Édgar Montaño.
La autoridad exhortó a los asambleístas de oficialismo y oposición a aprobar la ley del PGE para “garantizar la inversión en cuanto a infraestructura”.
“Nos preocupa que aún no esté aprobado el PGE porque de esos $us 4.006 millones, el 21,1% es para este ministerio, para obras de carreteras, para concluir las radio bases, para más viviendas”, dijo.
Detalló que en ese ministerio, $us 1.671 millones se destinarán al sector productivo, $us 1.024 millones para el sector social.
Otros $us 959 millones para infraestructura en cada departamento y $us 353 millones son para el área multisectorial con proyectos estratégicos.
Presupuesto en debate
“Pido a diputados y senadores que aprueben (el PGE), la ciudadanía ha votado por ellos y esta ley es una gestión que va a cada comunidad, municipio y departamento”, acotó.
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Puso como ejemplo las carreteras San José-San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, el Tren Metropolitano en Cochabamba, que falta construir.
Además de la obra Sucre-Yamparáez en Sucre; Escoma-Charazani, Pacobama-Charazani en La Paz y otras que están en plena etapa de ejecución y requieren presupuesto.
La Asamblea Legislativa sesionará el martes para intentar aprobar el PGE, que ya fue rechazado en una primera votación tras observaciones de parlamentarios del ala “evista” y de oposición.
La madrugada del miércoles pasado, el PGE 2023 fue rechazado por 68 votos, de oficialismo y oposición, frente a 44 que respaldaron el proyecto.
El presupuesto 2023 contempla un crecimiento del monto total de 3% y una inversión pública de $us 4.000 millones.
Sus objetivos son mantener la estabilidad, promover la inversión y garantizar una redistribución equitativa de la riqueza a través de los bonos.