Un contingente de efectivos fue sorprendido por ‘toma-tierras’ que querían impedir el traslado de acusados por la ocupación ilegal de predios privados. El fiscal dijo que los sospechosos serán juzgados en Santa Cruz de la Sierra
Decenas de policías lograron salir ilesos de un intento de emboscada en Guarayos cuando estaban trasladando a 17 detenidos, luego de ejecutar un desalojo en tierras avasalladas.
Las unidades policiales desplazadas a Guarayos retornaron anoche a la ciudad, tras intervenir en diversos operativos para desalojar a avasalladores que invadieron predios privados. Luego de detener a los sospechosos, sufrieron un intento de emboscada, que fue sorteado. Descartaron que hubiera cruce de disparos.
Al enterarse de la situación desde el Comando Departamental de la Policía enviaron un contingente policial desde Santa Cruz de la Sierra para dar resguardo a los uniformados desplazados a Guarayos. Se esperaba su arribo a la medianoche.
En un operativo, un grupo integrado por funcionarios del Ministerio Público, la Policía y el INRA, intervino, este jueves, el predio denominado Las Tojas. En esta oportunidad, detuvieron a 17 personas que se encontraban asentadas en carpas en ese terreno.
El efectivo policial a cargo informó a los medios de comunicación que en el sitio se encontraron dos rifles calibre 22, motosierras, machetes y otros implementos usados para el desmonte en esas tierras privadas.
Miembros de la comisión señalaron que se coordinará con la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para determinar el daño ambiental ocasionado en el lugar.
Salvador Vaca, presidente del Comité Cívico de la provincia Guarayos, hizo escuchar su voz para pedir que el despliegue policial no solo se límite a sacar a los avasalladores, sino que éstos sean cautelados y enviados a Palmasola.
“ Que esto no sea solo un paseo, que los delincuentes sean castigados para precedente”, refirió el cívico.
Consultado sobre el tema, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, prefirió guardar reserva sobre los operativos y anticipó una conferencia de prensa para referirse específicamente a las acciones en contra de los avasallamientos.
La diputada Luisa Nayar repudió el ataque y el “cerco” de los avasalladores en contra de los efectivos policiales. “Es un hecho inadmisible y condenable que debe ser sancionado a la brevedad posible”, sentenció.
Denuncian arresto de inocentes
De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos de la comunidad Santa Rosa de Lima III, ubicada en la provincia Guarayos, dos adultos mayores fueron detenidos, confundidos como avasalladores. Según contaron representantes de la comunidad, estas personas llevan más de 15 años viviendo en el lugar, donde incluso tienen hijos que han nacido en Santa Rosa de Lima III y, además, se dedican a la ganadería.
El testimonio de los dirigentes denuncia que estas personas fueron llevadas con engaños fuera de sus hogares para terminar detenidas.
La comunidad se encuentra dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Gwarayu. En contacto con EL DEBER, estos portavoces alegan que ellos no dañan el ambiente con quemas ni con construcciones, como sucede en una franja de terreno fiscal cercana a donde viven.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Adrián Castedo, dijo que tienen pendiente dialogar con el Gobierno sobre desalojos, la seguridad jurídica, el trabajo del INRA por más de 100 denuncias aún sin procesar de predios avasallados, observaciones a saneamientos pendientes y la aplicación de sentencias agroambientales.
Juzgados en Santa Cruz
El fiscal Ricardo Cayalo indicó que los efectivos fueron bloqueados por la zona de la comunidad Santa María. “Los aprehendidos serán remitidos a Santa Cruz”, indicó.
Según informe preliminar, otro grupo de avasalladores enterados del operativo tumbó árboles y los colocó en medio del camino para impedir el paso de los buses en los que se trasladaban.
Ell ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, aseguró que hasta la siguiente semana se desalojará otros 12 predios avasallados en Santa Cruz. El lunes se restituyó el derecho propietario de cinco propiedades privadas. Según Gonzáles, en el país hay un total de 223 propiedades tomadas.
