Desde hace más de una década las autoridades nacionales han ido reforzando el mensaje de la llegada de una era del litio a Bolivia. Sin embargo, el proyecto de explotación de los recursos de los salares nacionales ha tropezado con recurrentes problemas y limitaciones. Un experto la materia, el docente e investigador de post grado en Ciencias para el Desarrollo, de la Universidad Mayor de San Andrés, Manuel Olivera Andrade, conversó con OH sobre esta cara aspiración boliviana.
-¿Estamos ya en el en el boom del litio a nivel mundial?
Estamos con una demanda bastante elevada de materiales para la fabricación de baterías, en distintos diseños y marcas. Hay una todavía importante gama de empresas que se dedican a construirlas y a fabricar las partes que las componen. Hay algo parecido a un ecosistema, digamos, de empresas a nivel mundial dedicadas a esto.
Ello conlleva una presión muy fuerte en la demanda de materiales que son muy específicos para estos sistemas de almacenamiento de energía. Incluyen no solo al litio, sino a otros minerales como el cobalto, el níquel, el manganeso, el grafito, en fin… Entonces, es un momento de alza de la demanda. Los precios son bastante elevados en los últimos meses, porque seguramente influyen además varios factores incluida la guerra en Ucrania. También hay un sistema de acumulación de stocks en algunas empresas que se dedican al refinamiento.
Si lo vemos en términos de sobreoferta y sobredemanda, estamos viviendo una sobredemanda. Ello además porque las empresas, tanto por el asunto a la pandemia, como por otros aspectos internos más complicados de explicar brevemente se van retrasando en la producción de materiales refinados. En el caso, por ejemplo, de los productos de litio, son compuestos que van por encima del 99,8 por ciento de pureza. En países como China tienen una gran capacidad de refinamiento de materiales y están influyendo bastante en este flujo de materiales hacia la zona del Asia – Pacífico.
-En ese escenario de sobredemanda, Chile y Argentina ya despegaron en cuanto a sus exportaciones. ¿Cómo lo hicieron?
Han estado trabajando con extracción de sales de litio y potasio desde hace por lo menos 38 años. En la década de los 80, las primeras empresas se asientan en Chile y en los 90 empiezan a producir en Argentina. Estas empresas son empresas privadas básicamente. Son transnacionales, son capitales transnacionales que, en algún caso, tienen cierta participación en el sector público, pero es mínima. Lograron una importante capacidad de producción. Actualmente, deben cubrir entre el 60 y 70 por ciento de la demanda de Europa, Estados Unidos y China. Sin embargo, a pesar de que estos países y Bolivia, con una producción mínima, constituyen el triángulo del litio, ha irrumpido una gran proporción de recursos de materiales de litio que provienen de roca. Eso, principalmente, está ocurriendo con recursos de Australia. En concreto, la producción de Australia es la más importante a nivel mundial ahora.
-¿El mercado se ha dividido en cuanto a proveedores?
Sí, digamos en términos generales, está divido entre materiales provenientes de roca y materiales de salares. La ventaja de los materiales de roca es que se lo puede obtener mucho más aceleradamente y con niveles de recuperación más elevados. Entonces eso permitió que Australia se convierta en el primer productor desde hace aproximadamente 5 años.
Antes era Chile el primer productor, pero ya pasó a segundo lugar y Argentina al tercero.
Chile y Argentina están produciendo entre los dos, por lo menos, unas 200.000 toneladas de carbonato de litio
-¿Qué diferencias hay entre el sistema chileno y el argentino?
El recurso litio en Chile es un recurso también considerado recurso estratégico por el por el Estado. Es manejado por un sistema más centralizado y hay un distintas, formas de concesión. Hay unas concesiones más antiguas donde están trabajando ahora las empresas en los solares. Y hay otras nuevas concesiones donde están participando también inversión pública con investigaciones y exploración. Hay un sistema, más o menos, heterogéneo que está en marcha en Chile. Pero los que están apuntalando la producción son los privados que trabajan desde hace más de 30 años en el salar de Atacama.
El caso de argentino es muy diferente porque la producción, los procesos de exploración, explotación, transformación, etc. son básicamente controlados por cada provincia. Como se trata de un Estado federal, básicamente lo que ocurrió es que cada provincia, decide su forma de trabajo, en un marco general de normativa minera, y establece sus acuerdos. Hay un sistema más abierto, es más liberal. Una empresa privada tiene la posibilidad de ser prácticamente propietaria del recurso y generar un diseño más autónomo.
Y hay una parte de la renta que obviamente se apropia Argentina, pero que no se podría comparar con aquella que habría si fuese una empresa 100 por ciento pública. Eso ha generado mucha crítica de una parte de la sociedad argentina. Se critica que se enajena que hay muy poco control del Estado en cuanto a la apropiación de la renta y ni qué decir de las sus asuntos ambientales.
-¿Qué ha pasado en el caso boliviano?
Hay un control afianzado en la Constitución que significa que no se puede hacer una privatización del recurso natural, sino que es un recurso de propiedad del pueblo, boliviano. Entonces el Estado está trabajando fuertemente en ello. Desafortunadamente no ha habido los rendimientos o las tasas de recuperación que se esperaba con los primeros esfuerzos que se han hecho en 10 o 12 años. A partir de 2017 se hacen casi 5 años más en una visión más bien de empresa pública. Pero en este recorrido no se han tenido grandes avances en los niveles de producción que se esperaría. Más bien son avances sustanciales en los montos o volúmenes de inversión.
Estamos hablando cerca de 1.000 millones de dólares ya de inversión, de los cuales se ha ido recuperando muy poco. Se han vendido más de 200 toneladas que no es nada en comparación con los niveles de producción de Chile y Argentina. Pero es una empresa pública que está iniciando. La inversión minera suele ser dilatada. Se podría verlo desde esa perspectiva. Ahora no olvidemos que, todavía, es una planta piloto, la que produce carbonato de litio.
La planta industrial que se supone que se inaugurará en los siguientes meses, promete la producción de más o menos 15.000 toneladas por año. Eso según cifras oficiales. Entonces, si cumplimos esas 15.000 toneladas por año, por supuesto, seremos un actor interesante en el mercado. Habrá ingresos.
-¿Más o menos a cuánto alcanzarían?
-Podemos calcular si se mantienen los costos. Los precios actuales por tonelada llegan a, por lo menos, 50.000 dólares por tonelada. Si multiplicamos por las 15.000 toneladas, tenemos una inversión interesante. Una recuperación, más o menos, interesante, un flujo monetario que podría ayudar a pagar esta deuda con el Banco Central. Pero igual estos recursos son muy bajos.
En el mundo se está produciendo más de 500.000 toneladas al año y se va a requerir el doble o el triple de aquello. Las empresas están potenciando para duplicar o triplicar sus tasas de producción y Bolivia va a llegar máximo a las 15.000. Entonces es un volumen muy pequeñito en comparación con lo que el mercado requiere.
-¿Se puede armonizar en esa llamada OPEP del litio que se postulaba formar entre Argentina, Chile y Bolivia? ¿Hay posibilidades?
-En el último año se han dado algunos acercamientos interesantes con el Gobierno de Argentina, particularmente. Pero no hay nada muy concreto. Son más bien declaraciones de intenciones de los políticos sobre qué se podría hacer. Por ejemplo, iniciativas de cooperación en transferencia tecnológica e intercambio, capacitación en formación de Recursos Humanos, etcétera. Pero ahí los menos aventajados seguramente somos los bolivianos, porque hemos empezado hace poco todavía. En algunos aspectos todavía tenemos bastante que aprender.
Sin embargo, Bolivia, por ejemplo, tiene una cuestión interesante: son estas plantas demostrativas de materiales catódicos. Allí hay un aprendizaje ya de un grupo de profesionales y una planta técnica que no tienen ni Chile no Argentina.
Pero, en relación a si se podría conformar políticas, acuerdos más formales, de más impacto entre los tres países, es complicado porque cada país tiene una institucionalidad muy diferente para el manejo de los recursos que en este momento todavía está en gran medida en manos del sector privado. Entonces hay muy poco margen de acción de sector público. Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos que esperar, por lo menos, hasta el 2030 para que podamos tener algún nivel de tuición más fuerte sostenida del sector público.
-¿Por qué esa espera?
Porque las licencias de extracción de salmuera, de producción de litio de sales, de estas empresas terminan en esa fecha. Y no sabemos si se van a renovar. Entonces, estas empresas tienen gran parte del control de la producción y las capacidades técnicas e instaladas en el lugar. Eso también define que el margen de intervención del Estado es muy bajo en relación a lo que las empresas ya han realizado.
En el caso boliviano, tenemos un avance importante en algunas cuestiones, pero en los hechos producimos casi nada. Entonces ahí hay que ver qué es lo que está sucediendo, qué ha pasado y qué se puede mejorar. Probablemente la fórmula boliviana del litio no va a funcionar. Entonces ahí está un poco la visión de las sociedades mixtas, la posibilidad de meter, digamos, una empresa que se dedique al tema con mayor soltura, etcétera. Hay una visión más liberal detrás que podría decantarse de aquí a un par de años.
En el caso de Argentina está bastante disperso. Hay un poder muy grande de las empresas. Quizás trabajan por lo menos 40 proyectos en ejecución en tres o cuatro provincias argentinas. Es bastante complejo armonizar todo eso y generar una especie de triángulo de litio. Entonces, en ese sistema tan heterogéneo, me parece complicado esto que propondríamos como una especie de cartel. Lo veo complejo ahora.
-¿Y hay posibilidades de ir más allá de la mera exportación de materia prima?
– Habría que cambiar de visión. Pasar de la idea de sólo exportar a la de usar los recursos para el desarrollo. Pero en ese tipo de planteamientos no se ha avanzado. Ya desde los gobiernos de Evo Morales se mantuvo nomás la idea de exportar.
-En función a las experiencias argentina y chilena, ¿qué se puede prever del costo ambiental de la explotación del salar? Leí algunas investigaciones que hacen llamativas advertencias.
-Ese es un gran tema. La tecnología que todavía se utiliza para la extracción de sales en salares se basa en la evaporación de agua de agua salada. Es agua salada que se extrae y se bombeada del interior del salar. Se la deposita en piscinas enormes. En el caso de, digamos del salar de Atacama, son miles de hectáreas de piscinas construidas. Se van depositándo las aguas y se van extrayendo las sales, por una especie de cristalización paulatina de sales de acuerdo a las tasas de evaporación
Entonces, este sistema genera enormes tasas de extracción de agua del interior de este sistema del salar. No se recupera porque se pierde en la atmósfera por acción del viento y de la de la de la de la energía del sol. Se calcula que por cada tonelada de litio que se produce en un salar, se necesitan por lo menos de 700.000 litros de agua,y hasta un millón o más de litros de agua.
Entonces, también debe influir en el estado general del ecosistema. No olvide que el salar es un ecosistema vivo, no es una costra salina inerte. Hay microorganismos, algas, fauna asociada, hay aves. Hay gente que vive alrededor y cosecha sal. Hay turismo. En las áreas de amortiguación de los salares están las zonas más importantes de producción de quinua. Hay ganado camélido, etcétera. Entonces, todo ese sistema es medio complejo, es ecosistema integrado, o sea, lo que sacas del salar influye de alguna manera en el resto de los componentes vivos y no vivos en el sur del lugar.
Hay una importante literatura científica que aborda esto desde hace unos 10 años y se basa en la experiencia de Atacama.