Arturo Murillo, exministro de Gobierno, fue sentenciado ayer por una corte penal de Estados Unidos a 70 meses de cárcel o 5,8 años por los delitos de conspiración para lavado de dinero y soborno, según el procurador general del Estado (PGE), Wilfredo Chávez. Cuando Murillo, cumpla su condena, el Gobierno pedirá su deportación, para ser juzgado por otros procesos en el país.
“Se ha impuesto una sentencia condenatoria y se ha fijado una pena de siete años (en realidad son 5,8 años, 70 meses) de prisión para Arturo Murillo Prijic por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno”, confirmó Chávez.
Murillo, de 59 años, fue aprehendido en mayo de 2021 y el 20 de octubre de 2022 se declaró culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, junto con sus cómplices: Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
El documento oficial del Departamento de Justicia de EEUU indica que Murillo fue sentenciado “por conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el Gobierno boliviano”.
Chávez agregó que la sentencia a Murillo “pone fin al proceso penal” que siguió el Estado contra el exministro y tiene además un “carácter inapelable”.
Según la denuncia en EEUU, Murillo recibió al menos 532 mil dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudar a esa empresa a obtener un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares en 2019 para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia.
“Murillo y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero estadounidense, incluidas cuentas bancarias en Miami”, detalla el informe del Departamento de Justicia.
Los cómplices de Murillo: Méndez, Luis y Bryan Berkman, y Lichtenfeld, se declararon culpables y fueron sentenciados en junio de 2022.
Tramitarán extradición
Después de conocido el fallo, el Gobierno boliviano tramitará la deportación de Murillo para que después de cumplir su condena sea juzgado en Bolivia por otros delitos.
“No se descarta que, al concluir su pena, Arturo Murillo sea deportado”, apuntó Chávez. El Estado pedirá información sobre la situación jurídica que Murillo tendrá al cumplir la pena. La exautoridad cumplirá la sentencia en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.
Se espera recuperar además 532 mil dólares que Murillo recibió como soborno por la compra de gases lacrimógenos. “Se han burlado 2,3 millones de dólares (en la compra de gases), de los cuales 532 mil han ido a parar a las manos de Arturo Murillo, como jefe o líder de esta banda organizada que se ha dedicado a estos delitos transnacionales”, precisó Chávez en un mensaje grabado desde la PGE.
El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, destacó la sentencia contra Murillo. “Se informa al pueblo boliviano que la justicia estadounidense dispuso 7 años de prisión (5,8 años) para el exministro de facto de Jeanine Añez, Arturo Murillo. Demostrando una vez más, que las denuncias que realizamos como Gobierno eran ciertas”.
El 17 de mayo de 2022, Del Castillo presentó una nueva denuncia en contra del exministro Murillo y al menos 52 exfuncionarios de ese despacho, por causar un daño económico al Estado por 156,6 millones de bolivianos en 2019 y 2020. Los delitos son: malversación de fondos y contratos lesivos al Estado.
Desde EEUU
Becker • El abogado Thomas Becker, que estuvo ayer en la audiencia de Murillo en Estados Unidos, contó a David Inca, activista de Derechos Humanos en Bolivia, que el exministro pidió al juez estadounidense que Becker y ciudadanos bolivianos, que estaban en oficinas de la corte, sean retirados, por sus protestas por las muertes en Senkata y Sacaba.
Juristas • La abogada litigante Jil Simon y el subjefe Gerald M. Moody Jr., de la Sección de Fraudes de la División Criminal, y el fiscal federal adjunto Eli S. Rubin para el Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso. La fiscal federal Gabrielle Charest-Turken se encargó del decomiso de activos de Murillo.
“Murillo y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero estadounidense”.
Informe Dpto. Justicia EEUU