El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló este miércoles que, en el marco del caso Golpe de Estado I, también se investiga “grandes movimientos financieros” por parte de Luis Fernando Camacho, durante la crisis de 2019.
Durante una extensa conferencia de prensa, la autoridad expuso varios detalles sobre transferencias dudosas hacia y desde las cuentas de Camacho, en favor de distintas personas, entre ellas, exautoridades y exjefes militares, como el general Jorge Terceros Lara, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
Según el informe que presentó Del Castillo, esos movimientos financieros se registraron entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre de 2019.
En ese periodo se registró una serie de hechos, como el motín policial (8 de noviembre), la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas (FFAA) para que el entonces presidente Evo Morales dimita (10 de noviembre), además de la autoproclamación de Jeanine Áñez como mandataria (12 de noviembre).
Según el ministro de Gobierno, en esas y otras fechas se registraron distintas transferencias, que dan cuenta del financiamiento durante la crisis política y social de 2019 (ver imagen adjunta).
“Se trata de una parte del financiamiento al golpe de Estado (…). Entre algunos motivos de las transferencias estarían supuestamente realizando el transporte de banderas, gastos entre otros”, explicó Del Castillo.
Agregó que el 12 de noviembre de 2019, cuando Áñez asume la presidencia del país, “ese día Luis Fernando Camacho le realiza dos depósitos a quien fue el comandante general de la Fuerza Aérea, el general Jorge Terceros”.
“Esta es solo una pequeña parte de la investigación que se lleva a cabo hace un año y 10 meses en el Ministerio Público”, añadió el ministro, aunque no dio detalles de la cantidad exacta que recibió el exjefe militar.
Ante los hechos, Del Castillo anunció que se ampliará la denuncia contra Camacho, uno de los principales implicados en este caso, por los delitos de “cohecho activo y seducción de tropas”.
Además del tema financiero, Del Castillo también expuso una serie de hechos que dan cuenta que no se trata de una persecución política, sino de un proceso legal que está en marcha desde el 7 de diciembre de 2020, cuando Lidia Patty, exdiputada del MAS, activó un proceso contra Áñez, Camacho y otras exautoridades del gobierno transitorio.
El caso fue denominado Golpe de Estado I y en ese marco se libró una orden de aprehensión en contra de Camacho, en octubre de 2022, que se ejecutó el 28 de diciembre de ese año.
Así, el gobernador de Santa Cruz fue capturado y trasladado a La Paz, para comparecer ante la Fiscalía que lo imputó por el delito de terrorismo y, luego, un juzgado cautelar determinó su detención preventiva, por cuatro meses, en el penal de Chonchocoro.
El ministro de Gobierno recordó que el 13 de julio de 2022 se emitió una de las primeras citaciones para declarar, a la que el implicado no asistió, por lo que se emitió la orden de aprehensión en octubre.
“Los abogados de Camacho tenían conocimiento de aquello. La orden fue emitida en octubre y fue ejecutada en diciembre (…). Tenía pleno conocimiento que debía declarar en este caso”, enfatizó Del Castillo.
Asimismo, el Gobierno dio cuenta de 33 indicios que señalan que esta situación fue planificada con antelación, elementos periciales que cursan en el cuaderno de investigaciones.
La aprehensión de Camacho derivó en una serie de movilizaciones, hechos violentos, además de quemas y saqueos de entidades públicas y privadas en Santa Cruz.
En ese marco, el Gobierno reiteró el llamado a deponer actitudes violentas, en el entendido que el gobernador cruceño un sujeto procesal y no así un perseguido político que fue “secuestrado” como sostienen cívicos y autoridades cruceñas.
Ante este panorama, Del Castillo expuso una “cronología” de los hechos violentos registrados en Santa Cruz, desde la captura de Camacho a la fecha.
Detalló que durante el conflicto cruceño, se aprehendieron a 22 personas, se emitieron 24 mandamientos de condena, 14 personas fueron puestas en detención preventiva y 16 con medidas sustitutivas.
“En total 76 personas fueron puestas a disposición de la Justicia”, informó Del Castillo.
Asimismo, dio cuenta que se secuestraron 10 vehículos, se contabilizaron 27 infraestructuras dañadas, 44 motorizados destruidos y 26 policías heridos.
Respecto a la salud de Camacho, descartó que su vida corra peligro y que se constató que su salud es estable, además que se le instaló en un ambiente con todo el equipamiento médico necesario y cuenta con galenos y personal de salud, durante las 24 horas.
“Una junta médica determinó que puede tratarse en Chonchocoro y descartó que necesite una internación externa (…). Además, todas las noches un familiar que él desee pernoctará en su habitación”, refirió el ministro de Gobierno.