Tres proyectos de ley presentados por el Gobierno y que ahora están en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) prevén la contratación de cuatro créditos con organismos internacionales por 630 millones de dólares. Especialistas señalaron que estos recursos fortalecerán las reservas internacionales netas (RIN) en divisas, pero advirtieron que los recursos obtenidos deben ser fiscalizados para que no sean utilizados en gasto corriente.
Los tres proyectos de ley fueron presentados a la ALP en diciembre del año pasado y fueron aprobados por la Cámara de Diputados la semana pasada.
El proyecto 086/2022-2023 aprueba el contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 100 millones de dólares y el convenio de crédito suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, por un monto de hasta 30 millones de dólares para financiar parcialmente el Programa de Gestión Integral del Agua en áreas urbanas.
El proyecto 087/2022-2023 aprueba el convenio de crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por un monto de hasta 200 millones de euros (216,5 millones de dólares), para financiar el Programa de Apoyo a la Reactivación Económica Sostenible y a la Resiliencia al Cambio Climático en Bolivia.
El proyecto 088/2022-2023 aprueba el préstamo para el Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, por hasta 300 millones de dólares.
Fiscalizar recursos
De acuerdo con el analista financiero Jaime Dunn, la contratación de estos créditos es positiva para el país, siempre y cuando los recursos sean utilizados para el propósito original por los que fueron contratados.
“Es fundamental que el Gobierno consiga divisas del extranjero y una de las maneras de que esto se pueda hacer es a través de créditos en moneda extranjera, porque esos recursos van a contabilizarse en las RIN, es fundamental por eso que el Gobierno, ante la caída de divisas, empiece a gestionar estos créditos internacionales. Sin embargo, hay que fiscalizar muy bien estos recursos, para que no se vayan al gasto público de nuevo y hay que asegurarse que realmente estén yendo a proyectos de inversión”, indicó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, indicó que no debe estigmatizarse el endeudamiento, pero advirtió que se debe tener cuidado sobre el destino que se le dará a los recursos.
“El tema central no es estigmatizar el endeudamiento externo, ya que a veces es necesario y optimo dependiendo en qué se lo utilice. Pero si estos recursos sólo se utilizan en gastos para mantener el mismo nivel de políticas de ayuda social, subvenciones y otros, incrementarán un déficit fiscal fuera de lo planificado, a riesgo de lo que pase fuera de nuestras fronteras”, expresó.
Consultado sobre el tema, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza señaló que es necesario “racionalizar el gasto público”, dejar de contratar deuda y evitar que el aparato estatal continúe con el incremento de su planilla.
“Lo que queda no es seguir contratando deuda, sino racionalizar el gasto público, descentralizarlo y hacer una revisión de las funciones que está haciendo el Estado y cuántos recursos requiere, por que evidentemente, en los últimos años hemos tenido un crecimiento exponencial de la planilla del Estado sin que se vea un incremento en las contraprestaciones que reciben los ciudadanos por los impuestos que pagan”, expresó el exfuncionario del BCB.
PGE y deuda total
Presupuesto De acuerdo con un análisis del presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, la deuda pública total (deuda interna y externa) se sitúa cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB).
Aumento Sin embargo, advierte el analista, en el PGE 2023 ha establecido dentro del propuesto consolidado de ingresos fuentes de financiamiento externo por Bs 28.331 millones e internos por Bs 65.597 millones, y apenas una amortización de la deuda externa de Bs 6.462 millones, lo que incrementará la deuda pública total cerca al 60%.