El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) del Gobierno evalúa una norma para que sea «mucho más bajo» el límite del valor con el que una mercadería ilegal es identificada como contrabando, informó la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Karina Serrudo.
“Si se baja el monto, vamos a tener muchos más procesos, muchas más personas tras las rejas por este delito”, subrayó.
La propuesta legal fue proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio de Política Tributaria,
“Esta normativa tiene el afán de sancionar de manera más eficiente, más fuerte, a los contrabandistas (…). Actualmente, el monto para llevar a los contrabandistas a procesos penales es de 200.000 UFV, pero esta propuesta que ha realizado el Ministerio conlleva montos mucho más bajos”, indicó Serrudo a este medio. “Ya se ha hecho la presentación. Está en análisis en Conapes”, acotó.
La disminución del valor que define si una internación ilegal es contrabando es una de las demandas de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que a través de su presidente Pablo Camacho propuso que este límite sea de 10.000 UFV.
La presidenta de la Aduana reportó que en 2021 la institución inició 271 procesos penales contra personas que internaron mercadería ilegal al país y 237 de estos procesos en 2022. También registró 45 sentencias condenatorias en 2021 y 56 el año pasado.
Control en fronteras
La intención de bajar el límite del monto para que la internación de mercadería ilegal se considere un delito y no una contravención se anunció en marzo de 2022, durante la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva. Una de las conclusiones de las mesas de trabajo fue justamente esa, reducir ese monto de 200.000 a 10.000 UFV, informó entonces el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, general Daniel Vargas.
Para la Cámara Nacional de Industrias, otras “acciones inmediatas” necesarias para fortalecer la lucha contra el contrabando son: reactivar el Consejo de Lucha contra el Contrabando, conformado por representantes del sector público y privado con el fin de coordinar acciones para frenar el ilícito; modificar la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, para que los municipios tengan la atribución de hacer control, fiscalización y comisos de productos ilegales; y mayores acciones de interdicción en frontera.
“La industrialización no va a avanzar si no frenamos el contrabando. Por eso, convocamos a todos los actores a sumarse a la lucha contra este flagelo”, aseveró el presidente de la CNI.
De acuerdo con información de la Aduana, las actividades de contrabando se incrementaron en los últimos años a causa de la pandemia y de la crisis económica en los países vecinos.
A raíz de esta situación, los operativos de la ANB se incrementaron de 4.192 en 2020 a 8.316 en 2021 y a 15.233 el año pasado.
El valor de los comisos, a su vez, de Bs 383,4 millones en 2020 a 654,6 millones en 2021 y a 737,4 millones la anterior gestión.
El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó también que intensificó su trabajo en un sector en el que se identificó el contrabando masivo: el transporte interdepartamental.
Vargas detalló el martes pasado que se realizaron más de 1.000 operativos en buses de transporte, un 80% de los cuales se efectuó en la ruta entre Yacuiba y Santa Cruz.
El Viceministerio identificó a 20 empresas que de manera recurrente introducen mercancías de contrabando en el portaequipajes de los pasajeros.
La sanción para estas empresas recientemente determinada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) es de 200 UFV en una primera instancia y la pérdida de su licencia de funcionamiento en una segunda.
El problema del contrabando ha crecido de tal manera en el país que la CNI calcula que la actividad representa el 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $us3.500 millones.
Serrudo consideró que este tipo de estimaciones “no son responsables”, porque la información no surge de metodologías y estadísticas confiables.
“Si el contrabando fuera de esa cifra, veríamos carreteras transitadas en proporciones inimaginables con camiones cargados de mercancía ilegal; veríamos los hogares abarrotados de electrodomésticos; y las personas tendrían cada una dos vehículos de propiedad ilegal. El 90 o 100% de las empresas legales estarían cerrando sus puertas, en total fracaso”, afirmó la presidenta de la ANB.