El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, informó que el conflicto por tierras en la provincia de Guarayos genera inseguridad en el sector productivo y desincentiva la producción de granos en Santa Cruz.
En lunes, productores denunciaron la presencia de grupos armados que pretenden apoderarse de más de 60.000 hectáreas ubicadas en esta región que están ya trabajadas por agricultores. La invasión más reciente fue al predio Santagro, que tienen 1.800 hectáreas de soya, la toma del lugar ocurrió el pasado 25 de diciembre.
El jueves de la anterior semana, el grupo se retiró del lugar ante la presencia de la Fiscalía y la Policía, aunque una parte todavía permanece en las proximidades de la propiedad agrícola.
Ante estos hechos, Flores sostuvo que “el sector productivo se siente intranquilo ante las amenazas públicas de estos grupos, que con su accionar incrementan la inseguridad para producir, porque se apropian de insumos, dañan maquinaria, evitan el control de plagas y malezas en los campos, queman cultivos y bosque”.
“Además infringen daños físicos a los trabajadores. A los datos de afectaciones por lluvias o sequía, habrá que añadir el de áreas afectadas por invasión a tierras en producción de alimentos”, señaló el dirigente.
El titular de Anapo señaló que no tienen un registro de predios avasallados, pero se conoce que la zona de la Reserva Forestal Guarayos es un área de mucho conflicto debido al mal manejo de la información de parte del INRA.
“De hecho, sorprende que una persona que no es parte del litigio entre la propietaria del predio Santagro y el INRA, cuente con información que solo interesa a las partes. Este aspecto parece demostrar que ha existido tráfico de información del INRA y otras entidades relacionadas”, señaló Flores.
Sostuvo que incluso un ex funcionario del Viceministerio de Tierras funge como dirigente de una organización que defiende a presuntos invasores de tierras en producción de alimentos.
Áreas afectadas
Sobre el área en la mira de estos dijo que posiblemente las 60.000 hectáreas mencionadas se queden cortas, considerando que el INRA utiliza un decreto supremo del año 1969, que refleja una cobertura de la Reserva Forestal Guarayos con un millón y medio de hectáreas, en total contradicción con la ley que aprueba el Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz, que reclasifica el área de dicha reserva en menos de medio millón hectáreas.
“Ahí parece estar el meollo del problema, pues tiende a llevar a una aparente ilegalidad a muchos productores para que se conviertan en victimas fáciles de los invasores de tierras”, explicó Flores.
Destaca rol de la Policía
Con relación al conflicto de Santagro, Flores destacó el rol del Comando de la Policía Departamental y el Ministerio de Gobierno, porque actuaron en el marco de sus atribuciones constitucionales, tomando presas a personas que en total flagrancia, no solo que invadieron el predio en cuestión, sino que cometieron otros delitos graves.
“El fiscal a cargo de la investigación también actuó en el marco de sus competencias. La pregunta es, si la apología del delito que realiza un ex funcionario que funge ahora como dirigente de los interculturales, va a merecer alguna acción de las entidades competentes, puesto que esta persona se arroga facultades del INRA, de la ABT, de Juez Agroambiental y de otras autoridades, sin mostrar documentos que avalen la legalidad de las comunidades que dice representar”, dijo.