El Ministerio Público admitió una denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez. También contra su gabinete de ministros por “un grave daño al patrimonio del Estado” valuado en Bs 53.990.081,60.
Según la denuncia, se activó el proceso por la venta de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I. la venta se hizo a un precio por debajo del establecido en 2020.
De acuerdo con un documento divulgado por la televisora DTV. “Los exservidores públicos, cuando se hallaban en el ejercicio de cargos públicos jerárquicos de gran responsabilidad emitieron el Decreto Supremo 4272 de 23/06/2020” (sic).
Esa situación “conllevó una mala administración de un recurso estatal tal como es el Jet Fuel A-I». «Que fue comercializado a un precio menor al establecido en el Decreto Supremo N° 28932 de 20/11/2006”.
El daño al Estado fue valuado en “Bs 53.990.081,60.- (Cincuenta y Tres millones novecientos noventa mil ochenta y uno 60/100 Bolivianos). Por la comercialización de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I a Bs 2,77 el litro” (sic), agrega el documento.
El Jet Fuel A- I es el combustible que se emplea en la aviación.
La denuncia fue interpuesta contra la exmandataria Añez y sus exministros Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Yerko M. Núñez Negrette (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno).
Además, Luis Fernando López Julio (Defensa), Carlos Melchor Díaz Villavicencio (Planificación) y José Luis Parada Rivero (Economía y Finanzas Públicas).
Autoridades
También están incluidos Víctor Hugo Zamora Castedo (Hidrocarburos), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energías), Oscar Miguel Ortiz Antelo (DesarrolloProductivo), Iván Arias Durán (Obras Públicas).
Aparte, Jorge Fernando Oropeza Terán (Minería), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), Oscar Bruno Mercado Céspedes (Trabajo). María Eidy Roca de Zangüesa (Salud), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua).
A ellos se suman Víctor Hugo Cárdenas Conde (Educación) y Beatriz Eliane Capobianco Sandoval (Desarrollo Rural).
Entre los delitos por los que fueron denunciados está el de conducta antieconómica, que es sancionado con una privación de libertad de entre tres y ocho años.