El Gobierno aseguró que en el marco del Plan Soberanía “Lucho Contra el Contrabando” se incautaron combustibles por 3,5 millones de bolivianos y se evitó la salida ilegal de otra cantidad por valor de casi 96 millones de bolivianos. Analistas y empresarios señalan que se debe controlar mejor y advierten que autos “chutos” consumen gasolina sin regulación.
Autoridades de hidrocarburos indicaron que en la gestión 2022 el Plan Soberanía “Lucho Contra el Contrabando” -ejecutado en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija- evitó el comercio ilegal de combustibles valuados en casi 96 millones de bolivianos. Además, se posibilitó el decomiso de bienes materiales utilizados para este ilícito que alcanzan aproximadamente siete millones de bolivianos, afectando en total en casi 103 millones de bolivianos al contrabando.
“En el primer cuatrimestre de este año, la demanda de combustibles en zonas fronterizas y en algunos puntos del país se incrementó entre 30% y 35%. Eso es absurdo si uno compara con el crecimiento de la producción agrícola o el transporte, que está por el 4%. Ante esa situación, se hicieron distintos esfuerzos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las FFAA, atendiendo estas zonas (…) ante gente inescrupulosa que busca lucrar con recursos del Estado, poniendo en riesgo la seguridad energética”, expresó al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.
A su turno, el director de la ANH, Germán Jiménez, explicó que el Plan Soberanía se ejecutó entre abril y diciembre de 2022, en 55 estaciones de servicio y un puesto de venta de combustibles líquidos, ubicados en 34 municipios de esos siete departamentos que comparten fronteras con los países vecinos.
La autoridad indicó que se evitaron ventas excesivas de combustibles líquidos, que serían luego destinados al contrabando, cuyo valor supera los 92,3 millones de bolivianos. “(Asimismo) se incautaron combustibles valorados en más de 3,5 millones de bolivianos (508.599 dólares) y también otros bienes que alcanzan los siete millones de bolivianos, que hacen un total de casi 103 millones de bolivianos”, indicó.
Se incautaron 286.438 litros de diésel y 88.712 litros de gasolina que hacen un total de 370.151 litros de carburantes.
De acuerdo con Jiménez, si no se aplicaba el Plan Soberanía, la comercialización de diésel hubiese llegado a 30.826.681 litros de diésel, pero con la estrategia bajó a 21.208.523 litros. En el caso de la gasolina, la tendencia sin el plan era la venta de 24.866.711 litros y se bajó a 15.609.240 litros. En total se evitó la venta ilegal de 18.875.629 litros de carburantes por valor de 92,3 millones de bolivianos, explicó.
Entre 2017 y 2020, las incautaciones de diésel llegaron a 189.835 litros y en la gestión 2021-2022 se alcanzaron 286.438 litros, un 33% más. En el caso de la gasolina, entre 2017 y 2020, los decomisos sumaron 78.417 litros y en 18 meses (2021-2022) se lograron 83.713 litros, 7% de incremento.
Suministro para los “chutos”
El presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, Antonio Rocha, opinó que hay dos problemas centrales, primero el contrabando de combustibles por la diferencia de precios y que se da en las fronteras con Perú y Brasil.
Pero remarcó que también hay un descontrol con el suministro a los autos indocumentados, cuyos propietarios cargan carburantes en las estaciones de servicio en diferentes poblaciones, a vista y paciencia de las autoridades.
Recordó que la Cámara Boliviana Automotor dio estimaciones de que en el país circulan al menos unos 450 mil vehículos indocumentados que se benefician de la gasolina que el Estado subvenciona.
Para el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, el contrabando es generalizado en el país, pero en este caso de los combustibles el fenómeno es a la inversa porque Bolivia importa caro y exporta barato, lo que hace mucho daño a la economía.
“Por qué en 2022 se notó un fuerte aumento en la demanda de diésel y gasolina, una gran parte es atribuible al contrabando porque el año pasado el precio internacional del petróleo por la guerra en Ucrania subió a 95 dólares en promedio. Mientras más alto sea el precio, mayor será el contrabando de combustibles hacia otro país”, puntualizó.
Según Ríos, el Estado puede mandar a los funcionarios de la ANH, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, pero es tan grande el negocio que la gente se dará modos para sacar el combustible de contrabando. “La única manera de cortar de raíz esto es cortando un poco los subsidios, no diré totalmente, pero disminuir un poco, pero eso toca el aspecto social, político, el evitar que esto genere inflación. Son decisiones fuertes que los países deben tomar, Ecuador lo hizo”.
Caso contrario, dijo, si el precio del petróleo se dispara a más de 100 dólares, el contrabando florecerá más porque mientras existe mayor diferencia de precios en gasolina y diésel en países vecinos y Bolivia, mayor es el incentivo a sacar el producto fuera.
Compromiso de lucha contra el contrabando
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, ratificó el compromiso de esa cartera estatal de continuar con los controles para evitar la salida ilegal de combustibles a países vecinos, en coordinación con la ANH.
El director de la ANH informó que se han iniciado 103 procesos penales contra personas involucradas en la salida ilegal de combustibles. Hay 18 personas aprehendidas, 15 con imputación formal, cuatro con acusación formal, siete con procedimiento abreviado, dos están con sentencia condenatoria y 51 están denunciadas. Se tienen 39 vehículos o cisternas incautados y 43 tanques de carga de combustibles adicionados.
La gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), María Esther Peña, opinó que es importante hacer una lucha frontal al contrabando porque afecta la economía del país.
Las compras de combustibles crecieron el año pasado en valor en 94% respecto a 2021 y alcanzaron 4.300 millones de dólares y estas compras desplazaron a los suministros industriales del primer lugar. Este valor representa el 34% de las importaciones totales.