La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió este viernes al Gobierno que sea “drástico” para sancionar los avasallamientos y las tomas ilegales de tierra, pero sobre todo que sea “oportuno y eficiente para evitarlos”.
El miércoles, dos personas perdieron la vida y hubo una veintena de heridos cuando un grupo de interculturales y quienes se consideran dueños de la propiedad Santagro protagonizaron un enfrentamiento.
“Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad, y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el Gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, se lee en el mensaje publicado por la CEPB la mañana de de este viernes en sus páginas virtuales.
El jueves la Cámara Nacional de Industrias y las Cámaras Departamentales de Industria se pronunciaron sobre el mismo tema señalando que los avasallamientos “atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada y generan alta inseguridad jurídica para la inversión, tanto de personas naturales como de personas jurídicas”.
Asimismo, urgen a las entidades del Estado para que “intervengan de forma inmediata en estos hechos, hagan respetar el Estado de derecho y la propiedad privada, preservando la seguridad jurídica, e impongan sanciones con el máximo rigor y en el estricto marco de la Ley, para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica”.
El incremento de los avasallamientos, principalmente en predios agrícolas, se ha convertido en un problema grave para el Gobierno y los sectores económicos por su recurrencia y la violencia con que se realizan.
El pasado 17 de diciembre, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que a nivel nacional se registra un promedio mensual de 22 denuncias de avasallamientos de tierras. Por su parte, los empresarios han señalado en varias oportunidades su preocupación por el tema, debido a sus consecuencias sobre la seguridad jurídica, la inversión y la producción.
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, en su discurso de posesión el pasado 15 de marzo, señaló: “La inversión privada está desprotegida no solo por la ausencia de normas que la defiendan y la incentiven, sino por el aumento de los avasallamientos, los bloqueos y los conflictos sociales que la ponen en peligro”.