El Viceministerio de Transparencia admitió el año pasado 131 denuncias por actos de corrupción en entidades, empresas públicas y entidades territoriales. Del total, 29 pasaron a la vía penal, en 58 casos se ordenaron auditorías, 30 tienen proceso administrativo y en 14 se aplicaron medidas preventivas, según la rendición pública de cuentas final 2022 del Ministerio de Justicia.
“Investigamos todas las denuncias, independientemente de su fuente. Son procesos complejos”, señaló la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, mientras explicó a los medios el reciente escándalo de presunto cobro de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Otro dato del documento revela que el viceministerio cuenta con 862 casos acumulados hasta la gestión 2022 en todo el país, de los cuales 188 corresponden a legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con montos superiores a Bs 7 millones. Además, hace seguimiento a 674 delitos precedentes por hechos de corrupción, tipificados en la Ley No. 004.
Ríos reveló que según las estadísticas del primer trimestre de 2023, de enero a marzo, “se han admitido 46 casos que corresponden a denuncias de ciudadanos. De estos, 34 han sido abiertos para investigación, cuatro fueron a investigación patrimonial, un caso pasó a proceso penal y siete casos han ido a procesos penales que tienen que ver con legitimación de ganancias ilícitas o con enriquecimiento ilícito”, detalló.
En 2022, se lograron 55 sentencias: 39 condenatorias y 16 absolutorias. En 2023, hubo 25 sentencias condenatorias y ocho absolutorias.
Pese a las estadísticas, los legisladores de oficialismo y oposición no ven una lucha seria contra la corrupción. Para el diputado Walthy Egüez, de Creemos, los ministros del presidente Luis Arce “están sumergidos en el manto de la corrupción” y no ve una determinación clara contra los implicados en hechos ilícitos, como el caso del Ministerio de Medio Ambiente, de la Administradora Bolivia de Carreteras (ABC), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), autos robados y ambulancias “fantasma” de Potosí.
“Lo que tiene que hacer es investigar YPFB, hay denuncias de parlamentarios, de exministros, de que se está saqueando YPFB y de la importación de combustible. Eso debe hacer el Gobierno, fiscalizar a los corruptos que están robándose la plata de nuestro país”, enfatizó.
Su colega y principal denunciante de algunos casos de corrupción, el diputado Héctor Arce (MAS) recordó que en dos años y medio del Gobierno de Luis Arce cuatro ministros estuvieron involucrados en casos de corrupción y les costó el cargo, como Juan Santos, Edwin Characayo, Wilson Cáceres y Adrián Quelca.
Agregó que hay varios viceministros que fueron cambiados como Wilder Quiroz. Pero dijo que “hay una protección desde el nivel más alto. Pienso que viene desde el vicepresidente David Choquehuanca que es tolerante a estos hechos”. Recientemente el caso ABC se cerró y se favoreció a 12 personas.
Según el líder del MAS, Evo Morales, la corrupción está destruyendo al Gobierno de Arce. “Tanta denuncia. La corrupción de ABC en la doble vía Sucre – Yamparáez casi después de un año aparecen los Bs 9 millones. Entonces queda claro que quienes devuelven son corruptos confesos”, dijo.
Desde Comunidad Ciudadana, el parlamentario Alberto Astorga cuestionó a Evo Morales por acusar a Luis Arce de corrupción y le recordó que en su gestión quedaron muchos casos pendientes por esclarecer.
“Evo Morales no tiene moral para hablar de corrupción, hay que recordar que en su Gobierno ha habido casos como el Fondo Indígena, tráfico de influencias en el caso Zapata y ahora el presidente está continuando con esto. El actual Gobierno es un nido de corrupción”, manifestó.