La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal terminó la vigilia de 52 días con una conquista que a sus 84 años, y como socia fundadora, dejará como legado: la consolidación del derecho propietario del edificio de la institución, ubicado en la calle 6 de agosto, de La Paz.
Ayer, muy temprano, Carvajal habló con EL DEBER con un tono más suave que el que se le conoce, se la notaba débil en lo físico. El peso de la vigilia en la intemperie le han cobrado factura en su fortaleza. “Lo único que puedo decir es que estaba dispuesta a salir en un cajón. Pero, si es que ustedes me vieron hacerlo caminando, es porque lo que se logró es importante y considero yo que muy bueno”.
Salió por la puerta principal, como ella quería. También lo hicieron los 11 integrantes del bando de Edgar Salazar, su exvicepresidente y con quien trabajó durante muchos años, que estaban en el interior del edificio.
La negociación para que eso suceda fue larga y complicada.
El embajador de España, Javier Gassó Matoses, y el cónsul de ese país en La Paz, Guillermo Gil, fueron claves en las conversaciones con el Gobierno.
La salida se produjo luego de que ella, y el otro bando, obtuvieron una conquista que va más allá de los intereses de mantenerse en la presidencia de la APDHB.
En la conversación con este medio, la activista española aseguró que en la negociación intervino el propio presidente del Estado, Luis Arce Catacora y eso tuvo su efecto.
A través de una ley del 11 de octubre de 2002, durante el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se promulgó la ley en la que el Congreso boliviano autorizó al Poder Ejecutivo transferir, a título gratuito, el inmueble del Fondo de Pensiones de la Banca Privada, ubicado en la avenida 6 de agosto No 550, de La Paz, con una superficie de 820 metros cuadrados, inscrito en la oficina de Derechos Reales el 5 de mayo de 1977, en favor de la APDHB.
Un informe solicitado por el Gobierno, el 14 de julio de 2023, sostiene que revisado el sistema computarizado de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, se establece que ese inmueble tiene registrado derecho propietario en el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Banca Privada y que tiene una “partida vigente” sin restricciones ni limitaciones.
La Asamblea cuando se creó, en 1976, tenía ocho socios fundadores, siete fallecieron y queda Amparo Carvajal. Fuentes gubernamentales explicaron que el manejo de socios fue muy informal. El grupo de Amparo Carvajal tiene como 200 socios y un número similar (alrededor de 200) es también el que tiene la facción controlada por Edgar Salazar, quien se encuentra enfermo en Sucre, afectado por una neumonía, y por eso salió de escena en las últimas semanas.
Esta dificultad impidió que la Asamblea solucione su personería jurídica y el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape) nunca pudo firmar la minuta de venta. Este ha sido un factor de coincidencia entre los dos sectores. El jueves, el alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que el inmueble había acumulado una deuda impositiva que supera los Bs 700 mil y que corría el riesgo de ser embargado. Las fuentes señalaron que este fue un motivo de preocupación para Amparo Carvajal, como para Salazar: que les quiten el edificio, y ahí comenzó a surgir un principio de acuerdo.
Ella comentó que se realizaron negociaciones con el alcalde Arias. Ambas partes, el Defensor del Pueblo y los mediadores sostuvieron reuniones. “El viceministerio de Autonomías, a cargo de Álvaro Ruiz, está encargado de otorgar la personería jurídica. No corre ningún impuesto como decía el Alcalde, porque inmueble es estatal. Se les proporcionó a ambas partes, una copia de los documentos de Derechos Reales, que ninguno conocía. Tenían que ponerse de acuerdo y el Gobierno se comprometió a entregarles el inmueble saneado, sin deudas tributarias, sin ningún problema de catastro”, aseguró una alta fuente gubernamental que pidió el anonimato.
Ambas partes accedieron y es por eso que este sábado por la noche salieron del recinto. Pero, la propiedad debe ser entregada a la directiva de la APDHB, que sea resultado de algún tipo de acuerdo. En ese punto, en un amparo emitido por la Sala Constitucional Cuarta hace algunas semanas, les exhortó a que lleguen a un congreso de unidad, y que eventualmente puedan acudir al Tribunal Supremo Electoral para propiciar la elección de la nueva directiva. Fuentes diplomáticas señalaron que ella misma pidió que sea el presidente del ente electoral, Oscar Hassenteufel, quien se encargue de la mediación.
La Defensoría del Pueblo saludó ayer la decisión de Carvajal. Relievó también la decisión de la facción liderada por Édgar Salazar, considerado afín al Gobierno, que levantó una huelga de hambre.
“Saludo las decisiones que suspendieron las medidas de presión en el conflicto de la Apdhb. Se recuperó la racionalidad por la vida y salud”, escribió el Defensor en sus redes sociales.
Lo que viene
Desde este martes, entonces, será el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, quien mediará en el conflicto, luego de que entre los bandos no se pudo lograr la unidad, como ordenaba ese fallo.
Según lo acordado, en esa negociación, en la que participará el presidente del TSE apenas retorne de España, donde este domingo encabezó una de las delegaciones sudamericanas de observación de las elecciones en ese país, y también, como garante, el cónsul de España en Bolivia, Guillermo Gil, y si es que llega el embajador Gassó, quien también estuvo en las últimas horas en su país, pero siguió las negociaciones muy de cerca.
No será un trabajo fácil, en esas conversaciones se deberán definir a los delegados titulares, y que deberán llevar a la institución a nuevas elecciones para conformar la directiva. Los mediadores esperan que Carvajal y Salazar, que ya fueron presidenta y vicepresidente, respectivamente, puedan volver a trabajar juntos.
En la conversación con este medio se le preguntó a Amparo Carvajal si es que tiene confianza en Hassenteufel para que sea quien encabece la negociación. “Hemos pasado con él y con Salvador Romero muchos momentos durante las elecciones nacionales pasadas. Ya os dije que estamos haciendo las cosas en la APDHB bajo raíces podridas como fueron esas elecciones, yo no me he callado nunca. Qué te voy a decir, él es un nombre que me aprecia, pero confianza, ¿en quién uno tiene confianza?, en nadie”.
Este medio intentó comunicarse con Salazar, pero no fue posible.
Carvajal contó también que el presidente Arce movió a varios de sus funcionarios. La participación de la embajada de España “fue muy importante. Yo no soy boliviana, llevo más de 50 años aquí, lo que tengo en este país es una relación muy profunda. No sé qué vas a poder decir. Lo que te pido que digas es que es positivo. Insisto, yo estaba dispuesta a salir en el cajón, si no fue así es porque hay algo muy bueno”.
En Santa Cruz, el abogado Jorge Valda presentó una acción para que las oficinas queden a cargo de la octogenaria activista. Esa acción legal se realizará este lunes.
Los abogados de las dos facciones determinaron esperar el final de la audiencia para ingresar a las oficinas, que el domingo permanecieron cerradas, para levantar un inventario.
El expresidente Carlos Mesa comentó en Twitter que “La valentía y fortaleza de Amparo Carvajal para enfrentar el autoritarismo masista nos mostró una vez más que se puede derrotar al abuso y la injusticia cuando hay firmeza, principios y voluntad. Saludamos con gratitud y respeto esta victoria de la democracia y los DDHH sobre la violencia y la ilegalidad, que nos compromete a estar vigilantes hasta que se concrete la devolución de la sede de la APDHB a su legítima Presidenta y se detenga el afán gubernamental de apoderarse de esta institución fundamental para la defensa de los derechos ciudadanos”.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país demandan al Gobierno las garantías y protección para que Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) pueda reiniciar sus funciones en su cargo.
La ANPB dio a conocer este domingo el pronunciamiento, luego de que la noche del sábado, 22 de julio, la activista española de 84 años, suspendiera la vigilia que mantenía desde hace más de 50 días en protesta por la toma de la Apdhb por grupos afines al Gobierno.
En el comunicado, la ANPB enfatiza que la Apdhb “es la única entidad defensora de los derechos humanos que goza de legitimidad y cuenta con el reconocimiento de la ciudadanía” y agrega: “Saludamos la sacrificada resistencia de Amparo Carvajal por hacer valer el derecho a defender los derechos humanos y su incansable reclamo por la protección que las y los defensores requieren para poder ejercer su labor, libres de intromisiones y abusos”.