El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) determinó este miércoles crear dos instancias para garantizar el suministro de agua frente a la crisis que vive Bolivia por la sequía, pero en ningún punto de su resolución, plantea soluciones concretas a la emergencia medioambiental y contaminación generada por los incendios forestales. Sólo anuncia acciones a futuro.
“El Consejo Nacional de Autonomías, por consenso, resuelve: primero, crear el Consejo Permanente de Agua entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas como máximo espacio de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación para el manejo de gestión de los recursos hídricos”, se lee en el primer punto de su resolución.
En el segundo punto anuncia la creación de un “Fondo Nacional Agua para la Vida», entidad que dará “préstamos a las entidades territoriales autónomas”, para que ejecuten proyectos que garanticen “la seguridad hídrica”.
Ambas instancias estarán a cargo del Gobierno central, a través de sus ministerios de Medio Ambiente y Agua y Planificación del Desarrollo.
La tan anunciada sesión del CNA se instaló a las 16:00 de este miércoles entre autoridades del Ejecutivo, lideradas por el presidente Luis Arce y seis de los nueve gobernadores del país, además de representantes de las autonomías indígenas y el sistema de municipalidades del país.
El gran ausente fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien no pudo asistir a pesar de que hubo una orden judicial que incumplió Régimen Penitenciario. También faltaron el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, que estuvo ausente por temas de salud, en tanto que el gobernador de Tarija, Óscar Montes está de viaje y fue reemplazado por su vicegobernadora María Angélica Soruco.
El tercer punto de la resolución que fue leída por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, se refiere a la compra de equipos para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para que a futuro dé alertas tempranas sobre eventos adversos climáticos.
El cuarto y quinto punto se refiere a la ejecución de proyectos de normativas como uso eficiente de agua, campañas de concientización, estudios de agua, perforación de pozos, construcción de presas, atajados y otros.
Son esos cinco puntos que el CNA dedicó para referirse a la crisis hídrica, pero en el documento no menciona nada sobre la intensa contaminación por el humo que generan los incendios forestales.
Antes de la instalación de CNA varios gobernadores que llegaron hasta la Casa Grande del Pueblo, expresaron su esperanza de que el presidente Luis Arce anuncie la declaración de “desastre nacional” por los incendios forestales que afectan a más de 150 municipios en Bolivia, pero nada de eso pasó.
Cuando se instaló la reunión, el presidente Arce, en sus palabras de inauguración, aseguró que años atrás alertó a las autoridades regionales que se avecinaba una crisis por el agua y apuntó a la Asamblea Legislativa, que a su criterio no aprueba leyes para enfrentar esta crisis.
“No ha habido el suficiente acompañamiento de nuestra Asamblea Legislativa en la aprobación de leyes que nos hubieran permitido ser mucho más ágiles y poder satisfacer con mayor prontitud las numerosas demandas que recibimos de diferentes municipios que se van declarando en emergencia por el tema del agua”, se quejó Arce.
Exigencia al Legislativo
La sexta y séptima resolución del CNA suscrita por el presidente Arce y seis gobernadores, más la vicegobernadora de Tarija, hace mención al proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, el mismo que fue aprobado con modificaciones en el Senado porque tenía siete artículos adicionales que no tienen relación con la administración de los recursos públicos.
No obstante, el Gobierno y el CNA “rechaza de manera contundente” esas modificaciones y “exige” a la Asamblea Legislativa “la inmediata aprobación del proyecto original de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado Gestión 2023 enviado por el Órgano Ejecutivo”.
No obstante, desde el Legislativo, legisladores de ambas cámaras: Senado y Diputados, alertaron que con este proyecto de ley del PGE 2023, el Gobierno busca “de contrabando” modificar otras leyes para tener un control absoluto de los recursos de la población a través de controles de la Unidad de Investigaciones Financieras y la ASFI.