Ante el pedido del transporte pesado de cambiar a autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las opiniones de expertos en el tema económico señalan que la escasez de diésel no se solucionará cambiando personal de ambas entidades estatales. El Gobierno enfrenta problemas de iliquidez e insolvencia, y de no resolver el tema, se va camino a una crisis en balanza de pagos.
Por ejemplo, en lo que respecta al abastecimiento de combustibles en el mercado nacional, Emmanuel escribió en su cuenta de X (Twitter) @sinchiruna: “la escasez de diésel no se solucionará cambiando personal de ambas entidades estatales, ya que el problema de fondo es una crisis en la balanza de pagos. Ya que el país no tiene suficientes reservas en divisas para pagar las importaciones de carburantes. Y a eso se suma el contrabando de combustible”.
La estatal petrolera ya expresó en público que la falta de pago a proveedores provocó un desfase en la provisión de combustibles al mercado interno. Mientras el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, hace unas semanas, señaló que el Ministerio de Economía tiene que ver con el tema, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, señaló a otras variantes.
Iliquidez e insolvencia
Para el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, el Gobierno no solo registra iliquidez, sino también insolvencia, es decir a parte de no tener recursos tampoco puede generar divisas.
El economista Gonzalo Chávez, en sus redes sociales, recomendó al Gobierno liberar las exportaciones para generar divisas, pero hace unos días, autoridades indicaron que continuará la restricción.
Romero explicó que el país mantenía déficits “regulares”, es decir no excesivos ni extraordinarios, pero a partir de la pandemia y la lenta recuperación de la economía y la mitigación a las exportaciones, así como las trabas fiscales para la salida de productos no tradicionales, provocaron reducción de divisas.
A eso se suma la poca Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país, que en los últimos años fue disminuyendo y algunas gestiones registraron desinversión, por ello, el Gobierno acude a la deuda externa para el ingreso de divisas.
Hace unos días, el Gobierno celebró la aprobación de contratos petroleros, cuyas empresas invertirán más de 500 millones de dólares en el sector hidrocarburos, con el objetivo de aumentar la producción y las reservas hidrocarburíferas.
Romero sostiene que la llegada de inversión al país depende de varios factores, como cambios políticos, económicos, jurídicos y legales.
Remesas
Con respecto a las remesas, sostuvo que la llegada es irregular, debido a que los países de la región nos les va mejor, por lo tanto hay menos envíos de divisas para la presente gestión.
Las políticas desacertadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) provocaron varios tipos de cambio en el mercado nacional, en especial en el paralelo, y la divisa se cotiza entre 7,35 a 7,50 bolivianos por dólar estadounidense, reflexionó.
La economía nacional tiene menos dólares americanos, apuntó a tiempo de reiterar que el Gobierno no sólo tiene iliquidez sino también insolvencia, no puede generar la divisa extranjera, y la economía nacional va camino a una crisis de balanza de pagos.
Los dólares son insuficientes para satisfacer la demanda interna, mientras tanto la balanza de pagos es deficitaria.
Gas
La caída de la producción de gas provocó menos ingresos de dólares al país y no logra aprovechar el alto precio del barril de petróleo en el mercado internacional, a pesar de subir también el energético hacia los países vecinos, la situación no mejora.
Los problemas de iliquidez para la importación de combustibles es un claro reflejo de lo que está pasando en la economía nacional. Desde la gestión 2020, Bolivia exporta menos gas natural e importa más diésel y gasolina.
Asimismo, el rechazo al reformulado también pone en aprietos al Gobierno y a los municipios, gobernaciones, universidades y otras entidades que dependen del Estado. El “contrabando” de artículos del Gobierno en el proyecto de ley frenó su aprobación y ahora presiona con organizaciones sociales para su aprobación, según legisladores.