Con el objetivo, según el Ministerio de Economía, de fortalecer la economía del país se promulgaron tres decretos. Uno de ellos, el Decreto Supremo (DS) 5096 determina que el 6% ($us 15,7 millones) de las utilidades netas que lograron en 2023 los Bancos Múltiples y Bancos Pymes pasen a los fondos productivos como una muestra del cumplimiento de la función social de los servicios financieros.
Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas indicó que este porcentaje del 6% significa unos $us 15,7 millones y que las utilidades que generaron las entidades financieras serán destinadas a la conformación de fondos de garantía, como el Fondo de Garantías de Créditos de Vivienda de Interés Social (Fogavisp); Fondo de Garantías de Créditos al Sector Productivo (Fogacp), Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre) y al Fondo para Capital Semilla (Focase), entre otros.
Al respecto, Sergio Asbún, gerente del Banco Económico, explicó que el destino de una parte de las utilidades de la banca para cumplir con la función social no es algo nuevo, sino que se da desde 2014.
Asbún detalló que la mayoría de los fondos de garantía productivos son administrados por el sistema financiero, mientras que el Focase es administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).
“Se debe leer en detalle el nuevo decreto para saber cómo se va a distribuir las utilidades. Es decir, en que porcentaje cada fondo de garantía se va beneficiar, eso lo determina el decreto. Como todos los años vamos a cumplir con la norma y con el apoyo al sector productivo del país”, sostuvo Asbún.
Juan Carlos Vargas secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), sostuvo que lamentablemente estos fondos de garantía no están cumpliendo “con el fin para que fueron creados”.
Vargas sostuvo que estos fondos de garantía son un respaldo para cuando el micro o pequeño empresario busca un crédito y no cuenta con una garantía real, “se apoye en los fondos de garantía que están vigentes, pero eso no sucede pues las entidades financieras siguen exigiendo garantías reales que como sector muchas veces no podemos cumplir”, remarcó Vargas
Que puntualizó que se debería preguntar el ministro Montenegro que cantidad de micro y pequeños empresarios realmente se beneficiaron con estos fondos de garantía.
Los otros decretos
El Presupuesto General del Estado (PGE 2024) esta vigente por lo que la Ley 1546 debe ser reglamentada.
“Todos los años se reglamenta la Ley del Presupuesto, no es que ahora para esta gestión la estamos reglamentando, como han querido señalar (algunos asambleístas) que será por decretazo, eso es totalmente falso”, aclaró Montenegro que precisó que es el DS 5094 el que reglamentará de forma operativa el PGE 2024.
El DS 5095, está dirigido a los incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería.
Con esta norma queda exento el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de bienes de capital y plantas industriales, incentivos tributarios que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con Montenegro el no cobro del IVA significa para el Estado dejar de percibir unos $us 250 millones.