El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, denunció este jueves de “un golpe judicial” a la democracia perpetrado por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se materializó con la prórroga de mandado de los consejeros y magistrados.
“El 11 de diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelve la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que dispone la autoprórroga y materializa el golpe judicial a la democracia en Bolivia paralizando por sexta vez el proceso de preselección (para las elecciones judiciales)”, dijo el legislador.
Rodríguez señaló que se tuvo 242 días (7 meses y 28 días) para resolver el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial, pero con seis acciones de suspensión se “atentó contra los derechos del pueblo imposibilitando la realización de las elecciones judiciales” pese a que la Asamblea Legislativa y el Cámara de Senadores “cumplieron con su mandato constitucional de aprobar la convocatoria respectiva”.
“Teníamos 242 días, de acuerdo a la norma electoral (se tenía) hasta 148 días podíamos haber concluido, no hubo voluntad desde el Órgano Judicial y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Desde la Cámara de Senadores hemos hecho los máximos esfuerzos para que se pueda concretar la preselección y de manera inmediata a través del Órgano Electoral se pueda convocarse a la elección de los nuevos magistrados. No se pudo y nosotros calificamos este como una decisión política y no una decisión jurídica”, señaló.
El legislador recordó que la primera vez que se dejó sin efecto la convocatoria de la Asamblea fue el 13 de abril de 2023, a través de la resolución 024/2023 que instruye una nueva emisión de la convocatoria “por presunta vulneración a la libertad de expresión”.
Agregó que el 20 de abril se emitió la Resolución 007/2023 para un nuevo proceso de convocatoria para la elección. Dijo que esa nueva convocatoria duró 4 días y que el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta. El pedido fue que la preselección sea aprobada por una ley y no por un reglamento.
“En tanto corría la acción abstracta, la Asamblea sanciona la Ley 1530, transitoria para garantizar la preselección que mediante la Sentencia Constitucional 60/2023 el Tribunal Constitucional ordena la paralización de las elecciones judiciales por (tercera vez) declarando inconstitucional el reglamento y por conexitud la Ley 1530. Ordena que la convocatoria sea por ley y aprobada por 2/3”.
También, dijo que el 31 de agosto en otro intento de allanar las judiciales, en Senadores se aprobó por más de 2/3 el proyecto de Ley 144, con el objeto de simplificar fases del calendario electoral y elegir autoridades hasta enero del 2024. Sin embargo, el 6 de septiembre el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Juan José Jáuregui remitió cartas oficiosas al Ejecutivo, Judicial lo cual “encaminó a paralizar por cuarta vez”.
“Se paraliza esta normativa en Diputados y el 20 de septiembre el Tribunal Supremo de Justicia se autolegitima, (y) remite la consulta al Tribunal Constitucional a partir de la remisión de la nota de la Comisión de Constitución que no tenía validez jurídica solicitando control previo de constitucional del proyecto de Ley 144”.
Rodríguez indicó que el 28 de septiembre la Comisión del Admisión del TCP emitió el auto constitucional 0437/2023, admitiendo la consulta de constitucionalidad del proyecto de Ley 144 y dispuso por quinta vez la suspensión de las elecciones judiciales.
“El 8 de noviembre fuera de todo procedimiento legal, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia solicita ampliar el objeto de consulta pidiendo al Tribunal Constitucional que evite el vacío de poder en caso de no contar con autoridades electas hasta el 31 diciembre y el 11 de diciembre resuelve la DCP 049/2023 que dispone la autoprorroga y paraliza por sexta vez el proceso de preselección”.