Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, emitió un análisis crítico sobre la situación económica actual de Bolivia, destacando las implicaciones de mantener los precios de los carburantes bajos en el país.
Según datos de Global Petrol Prices, al 10 de junio de 2024, Bolivia sigue siendo uno de los países con los precios de gasolina y diésel más bajos del mundo, solo superado por Venezuela. El litro de gasolina se mantiene en Bs. 3,74 ($us. 0,542) y el de diésel en Bs. 3,72 ($us. 0,539), precios que no han cambiado desde 2004.
«La subvención a los carburantes, iniciada en 1997 durante el gobierno del Gral. Banzer, ha sido una política sostenida por el populismo más que por el desarrollo productivo nacional», afirma Romero Torrejón. Este subsidio costó al Estado boliviano $us. 1.848 millones el año pasado, aunque para 2024 solo se presupuestaron $us. 1.429 millones en el PGE, en un contexto de escasez de dólares y un mercado internacional incierto.
El economista señala que, a nivel mundial, el precio promedio del litro de gasolina es de $us. 1,31 y el del diésel de $us. 1,22. Sin embargo, en Bolivia, al igual que en otros países pobres, los precios están subvencionados a pesar de que los carburantes se compran a precios internacionales, lo que implica asumir costos adicionales significativos y un mayor déficit fiscal.
El presidente boliviano ha reconocido que el país importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que consume, lo que representa un gasto aproximado de $us. 3.500 millones este año. Romero destaca que este elevado gasto es en gran parte debido al subsidio estatal, lo cual fomenta una importación superior al consumo real, con un exceso estimado del 30% destinado a actividades ilícitas.
El economados que han acostumbrado a la población a carburantes baratos, sin lograr un desarrollo económico o social sostenible. «Vivimos en ista advierte que los daños colaterales de esta política son significativos, con una inflación subestimada y precios de mercado distorsionuna fantasía económica durante casi 30 años», afirma.
Romero subraya que la situación actual, marcada por la escasez de dólares y un tipo de cambio paralelo elevado, indica que la subvención de carburantes es cada vez menos sostenible y necesita un reajuste de precios. Sin embargo, reconoce que el momento actual no es propicio para implementar esta medida debido a los serios problemas fiscales, la creciente presión inflacionaria, los conflictos sociales y la falta de gobernabilidad.
Finalmente, el economista señala que los principales beneficiarios de esta política son las actividades ilegales e informales del país, como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. «La falta de voluntad política para ‘sincerarla’ y los beneficios ocultos perpetúan esta situación», concluye.