La oficina del vicepresidente David Choquehuanca emitió un pronunciamiento en el que considera que la juez de Cochabamba, que le ordenó realizar una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un plazo de 72 horas, no tiene competencia para disponer el ejercicio de atribuciones de otro poder del estado.
El comunicado hace referencia al fallo de la juez del Tribunal de Sentencia en lo Penal 6 de Cochabamba que conminó a Choquehuanca a convocar a sesión para tratar los temas ya abordados en una sesión que dirigió Andrónico Rodríguez, en la que se aprobó una ley que ordenó el cese los magistrados prorrogados desde el 2 de enero de este año. El recurso fue presentado por la legisladora del MAS Lucy Escóbar.
La vicepresidencia señala que el desarrollo de la audiencia ante el juzgado de Cochabamba fue irregular y se vulneró el derecho a la defensa. En otra parte señala la juez, al margen del orden constitucional aceptó conocer el recurso de acción de Libertad contra Choquehuanca,.
“Tal orden carece de fundamento competencial, ya que no tiene la facultad de disponer el ejercicio de atribuciones de otro órgano del estado, en clara contravención a la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional”, señala la vicepresidencia.
Andrónico encabezó una sesión del 6 de junio. Minutos antes de su inicio se conoció una medida cautelar del TCP que ordenaba al presidente del Senado no realizar la misma. Dos semanas después el Constitucional declaró nula la sesión, en respuesta a un recurso presentado por el arcista Juan José Jáuregui.
El TCP, que demoró varios meses en resolver un recurso que paralizó las elecciones judiciales, tomó la decisión en este caso en un tiempo inusualmente rápido, ya que tenía 40 días para emitir su dictamen.
El senador “evista” William Tórrez advirtió que Choquehuanca será sometido a un juicio de responsabilidades sino convoca a sesión en el plazo establecido por la jueza de Cochabamba. Para iniciar este proceso político se requiere la aprobación de la ALP por dos tercios.
“En el caso de que no cumpla, ciertamente vemos que se viene avecinando un juicio de responsabilidades en contra del vicepresidente del Estado por incumplimiento de deberes, pero además por incumplimiento a resoluciones constitucionales”, remarcó Tórrez.