La Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifiesta su más absoluto rechazo y repudio a los actos de avasallamientos y bloqueos que se suscitan en Bolivia, en particular en Santa Cruz y La Paz que estrangulan a las empresas. Mientras la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) solicita a las autoridades competentes, poner en vigencia el imperio de ley para garantizar el respeto a los derechos privados y colectivos.
“Los avasallamientos y bloqueos generan un escenario de alta inseguridad jurídica para el desempeño de las empresas y ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras reflejando una imagen de ‘país de alto riesgo’”, sostiene el comunicado de la CNI.
Las pérdidas por bloqueos superan a nivel nacional los 50 millones de dólares por día y los avasallamientos de tierras vulneran el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado (CPE), generando un estado de “zozobra” entre los empresarios que apuestan por el país, señala la entidad industrial.
La tolerancia a los avasallamientos implica permitir que las ilegalidades se impongan y que la violencia se incremente, generando un ambiente de conflictividad social permanente con inseguridad para las inversiones, inestabilidad en la seguridad alimentaria y alto riesgo para la población en las zonas afectadas, señala Confeagro.
“El avasallamiento no solo afecta a predios privados, sean pequeños, medianos o grandes. También a tierras de dominio público que, por lo general, son áreas estratégicas para mantener el equilibrio del ecosistema y la sobrevivencia de las futuras generaciones”, puntualiza.
Datos
En los últimos 14 años (2010 al 2023) se realizaron más de 2.400 bloqueos en carreteras en el área rural y urbana del país, equivalente a la pérdida de producción de 3 años del Producto Interno Bruto (PIB).
En ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias plantea un proyecto de ley que modifique el Código Penal tipificando los bloqueos que atenten contra la seguridad y funcionamiento de servicios públicos o que obstruyan vías públicas que atenten contra la vida y salud de la población, con penas privativas de libertad de hasta 8 años.
La CNI exhorta a las autoridades nacionales y subnacionales a hacer prevalecer el Estado de Derecho, sancionando a avasalladores y bloqueadores en el marco del sistema jurídico vigente.
Asimismo, los industriales de Bolivia exhortan a las autoridades públicas del poder Ejecutivo y Legislativo viabilizar la propuesta de sanción penal a los bloqueadores para evitar un mayor deterioro de la economía nacional, de las familias afectadas y de la sostenibilidad de las empresas.
También la Confeagro pide que la pesadilla de los avasallamientos termine de forma inmediata, que las autoridades competentes sienten un precedente definitivo contra esta ilegalidad con las respectivas sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico para que no se vuelvan a repetir.
“Solicitamos a todas las autoridades competentes en esta temática, hacer eco de las palabras del presidente del Estado de no tolerar avasallamientos, ni tráfico de tierras”, señala.
Confeagro sostiene que hoy es el momento de parar de forma definitiva este flagelo, porque los avasallamientos tienden a multiplicarse y ser cada vez más violentos y han demostrado que son capaces de pasar incluso sobre la vida de las personas.
Hace días atrás, el municipio de San Pedro, en la provincia de Obispo Santistevan (frontera con Guarayos), vuelve a ser el escenario de violentos avasallamientos de terrenos productivos.
Esta vez, un grupo de aproximadamente 200 ladrones de tierra armados irrumpió en las haciendas Santa Rita, Santa Rita C y La Laguna, incendiando varios ambientes a su paso y agrediendo a las familias que trabajan en esos predios.
Mientras tanto, desde las Fundación Tierra señalan que los predios avasallados son fiscales y en proceso de saneamiento.
Entretanto, ayer se reportó la intervención de la Policía, rescataron a los rehenes y detuvieron a los infractores.