Hay dos acciones de amparo y una impugnación en contra del proceso de elección judicial planteadas por postulantes inhabilitados en el examen oral.
Una acción de amparo fue planteada por la vocal de La Paz y candidata a consejera de la Magistratura, Claudia Marcela Castro Dorado, en contra de los miembros de las comisiones evaluadoras. Alega la vulneración de derechos ante una “evidente desigualdad frente a otros postulantes en la evaluación oral, en la que le hicieron preguntas mal formuladas, fuera de los ejes temáticos” y pide se ordene la reposición de la evaluación oral de la suscrita”.
Además solicita al juez que tramita este amparo la aplicación de una medida cautelar y “se suspenda el proceso de preselección de autoridades judiciales, mientras no se resuelva esta acción de amparo constitucional”.
La candidata a consejera Clara Ramos anunció que planteará una acción de amparo en contra de los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural que calificaron de manera incorrecta una de sus respuestas, que fue anotada como correcta para el caso de otra postulante. Denunció que impugnó la actuación de los miembros de la Comisión, pero que no fue atendida y la inhabilitaron, pese a su condición de mujer y miembro de una organización indígena de Potosí.
Asimismo, el postulante a magistrado del TSJ por el Beni Hugo Vargas, impugnó la habilitación del candidato por el mismo departamento Carlos Gómez porque habría sido “favorecido” por la comisión evaluadora. “Ha quebrantado la ley porque no sacó los sobres al azar, y fue habilitado para pasar a la siguiente fase. Este hecho provoca que haya esta incertidumbre por parte de quienes hemos postulado y dado exámenes de forma honesta y obtenido mejores calificaciones que él, que con ventaja está habilitado para pasar a la siguiente fase. Debe ser observada por el presidente de la Comisión para que lo inhabiliten”, manifestó.