Pronto, cuando los reglamentos del Decreto Supremo 5199 estén listos, las empresas que ofrecen aplicaciones digitales para el transporte de pasajeros (ATP) deberán cumplir con una serie de requisitos para operar en Bolivia, al igual que sus conductores. Estas medidas elevarán la recaudación del Estado a través de impuestos y otros pagos, y aumentarán los costos del uso de estos servicios, según diversas fuentes.
El nuevo decreto, emitido por el Gobierno de Luis Arce bajo la presión del transporte sindicalizado, establece al menos seis requisitos para las empresas que ofrezcan ATP y otros cuatro para sus conductores (ver infografía). No obstante, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) debe emitir un reglamento en un plazo de 60 días, contados desde el 14 de agosto, mientras que el Ministerio de Gobierno tiene 30 días para hacerlo.
Entre los requisitos se incluyen el Número de Identificación Tributaria (NIT), el registro de comercio, las tarjetas de conductor y los certificados de antecedentes. Estos trámites tienen un costo y permiten al Servicio Nacional de Impuestos (SIN) aplicar un mejor control en la recaudación de tributos. Además, desde el sector de choferes sindicalizados se busca equiparar los costos de los pasajes para evitar lo que consideran una “competencia desleal”.
Presión de choferes
Santiago Laserna, investigador de economía digital, sostiene que la decisión del Gobierno responde a la presión de los choferes sindicalizados y a la necesidad de fondos para el gasto corriente. “El Gobierno necesita fondos, y no hay mejor manera de captarlos que creando nuevas leyes y decretos que terminan generando nuevos puestos de trabajo y oficinas, difíciles de eliminar, que sólo incrementan el poder del aparato estatal”, comentó el economista.
Según Laserna, estos requisitos serían “un golpe duro” para las empresas que ofrecen estos servicios, como InDriver, Uber, Yango, Chukuta Móvil, entre otras, lo que podría desalentarlas de operar en el país. “No olvidemos que una de las razones por las que existe tanta informalidad en nuestro país es porque nadie encuentra beneficios en estar bajo la supervisión de impuestos”, agregó.
En su opinión, esto provocará un aumento en los costos de estos servicios, que se han caracterizado por ofrecer tarifas más bajas en las ciudades. Además, el uso de estas aplicaciones podría disminuir, afectando la economía de la población que “necesita fuentes de trabajo y opciones para elegir”.
Ni arbitrario ni abusivo
Por su parte, Fabián Espinoza, abogado y vicepresidente de la Academia Boliviana del Derecho Informático, considera que el nuevo decreto “no es arbitrario ni abusivo”, y que establece requisitos justificados. Según Espinoza, las opiniones a favor o en contra dependerán de las ventajas o perjuicios que la norma pueda generar. Para los choferes de taxis y radiotaxis, regulados por el Estado, el decreto equilibrará la competencia y emparejará las obligaciones, mientras que para las empresas implicará una fiscalización de sus ganancias por parte del SIN. “Es una moneda con dos caras”, concluyó.
Los Tiempos se contactó con Uber, InDriver, Yango y Chukuta Móvil para conocer su posición al respecto. InDriver aclaró que su servicio es un “enlace entre usuario y conductor/repartidor para acordar un viaje, es decir, no es una aplicación de transporte ni un proveedor de trabajo”. La empresa añadió que ofrece un servicio de “subasta libre” sin algoritmos arbitrarios, basado en un acuerdo justo.
No se recibió respuesta de las otras empresas. También se buscó la posición de la ATT y del SIN para obtener más detalles sobre las regulaciones y las estimaciones de recaudación impositiva. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
El dirigente del transporte libre de La Paz, Limbert Tancara, señaló que el DS 5199 fue consensuado con asociaciones de taxis y radiotaxis de todo el país, ya que estas aplicaciones “distorsionan el trabajo” de este sector y constituyen “una competencia desleal”, dado que las tarifas de los viajes son fijadas por los Gobiernos municipales y los conductores de las aplicaciones las reducen. Tancara afirmó que los taxistas y radiotaxistas son regulados por distintas instancias, regulación que también debería extenderse a las aplicaciones de transporte, que, en su opinión, deben tributar al fisco.