El próximo 2 de septiembre iniciará el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez, exministros y el exmando militar y policial de 2019 por la Masacre de Senkata (El Alto).
«El Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto ha fijado la audiencia de inicio del Juicio Oral, Público y Contradictorio para el lunes 2 de septiembre de 2024», informó la Procuraduría.
La expresidenta y otras exautoridades fueron acusados por genocidio y otros delitos tras la arremetida contra civiles en noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad se El Alto, en el departamento de La Paz.
La Procuraduría calificó a este juicio como un «proceso sin precedentes» que procura memoria, verdad y justicia para las múltiples víctimas de las graves violaciones de derechos humanos.
“La Procuraduría General del Estado reitera su firme compromiso con la justicia, la celeridad, la transparencia y el principio de no repetición, asegurando que estos casos se conviertan en un mensaje inequívoco contra la impunidad”, enfatizó esta institución.
Masacre de Senkata
El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos por impacto de bala y 31 heridos. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.
Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.
Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.
Entre los acusados están: Carlos Arturo Murillo, entre otros.