La Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe expresó su preocupación por la advertencia de la Contraloría sobre el posible riesgo de racionamiento debido al impago de subsidios a las empresas de energía, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio. Esta situación, según la organización, tiene dos componentes distintos: la deuda de subsidios y la relacionada con la opción tarifaria.
En cuanto a los subsidios, que benefician a los estratos 1, 2 y 3, se financian a través de dos fuentes principales: el Fondo de Redistribución de Solidaridad e Ingresos, alimentado por una contribución del 20% sobre el consumo de energía de los estratos 5 y 6 y del sector comercial, y los recursos del Presupuesto General de la Nación, cuando los fondos recaudados no son suficientes.
En este sentido, los faltantes para cubrir estos subsidios provienen de los impuestos pagados por todos los colombianos.
Por otro lado, la deuda de la opción tarifaria surge de la congelación de cobros durante la pandemia, medida implementada para aliviar la carga financiera de los usuarios. Sin embargo, gran parte de los usuarios ya ha cubierto estos costos.
Según las cifras, la empresa Afinia tiene una deuda de 1.7 billones de pesos por esta opción tarifaria, mientras que AIR-E reclama 850.000 millones de pesos, de los cuales ya ha recaudado 715.000 millones de los usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La Liga también recordó que el Gobierno Nacional, en una visita del presidente Petro en mayo, se comprometió a pagar la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, hasta el momento, este compromiso no se ha cumplido, ya que requiere la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso.
La organización calificó la situación como crítica, ya que la población en la región Caribe sigue enfrentando altas tarifas, producto de un régimen especial tarifario que incluye costos por hurtos y fraudes, además de una sobretasa del 20% a la comercialización de energía en esta zona. Los usuarios reclamaron también las elevadas rentabilidades de las empresas del sector eléctrico y exigieron tarifas más justas para la región.
Finalmente, se informó que el Gobierno debe 1.3 billones de pesos a las empresas por concepto de subsidios del servicio eléctrico, y que para el próximo año faltan por apropiarse 700.000 millones de pesos, sumando un total de 2 billones de pesos en deudas.
Esta situación afecta directamente a 2.16 millones de hogares en la Costa Caribe, que representan a 8.64 millones de personas que dependen de estos subsidios para acceder a la energía eléctrica.