Tensión por la Ley 035, jubilados la apoyan y trabajadores la rechazan

El proyecto de Ley 035/23-24, que propone modificar los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, ha generado división en la sociedad boliviana. Mientras los jubilados respaldan la iniciativa por considerarla una mejora en sus rentas, diversos sectores de trabajadores y médicos han manifestado su rechazo, calificándola como una «ley de jubilación obligatoria».

Rechazo

El ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), Carlos Salinas, informó que la semana pasada el Comité Interinstitucional, compuesto por sectores de salud, médicos, Fesirmes, jubilados, magisterio urbano y universidades, acordó realizar marchas de protesta en todo el país. La movilización se llevará a cabo este martes, a partir de las 10.00, en todos los departamentos de Bolivia, con el objetivo de expresar su descontento y pedir al Gobierno que no apruebe el proyecto de ley.

Salinas refirió que el pedido es establecer mesas de diálogo y que se escuche su propuesta, para llegar a consensos. Reconoció que el Gobierno tiene muchos problemas por atender, pero no ha dejado otra opción que salir a las calles a protestar.

Indicó que el sector trabajador considera que la ley, en su forma actual, podría generar una especie de jubilación obligatoria y afectar a los profesionales que aún se encuentran activos laboralmente.

Respaldo a la ley

Por otro lado, la Federación Departamental de Jubilados, a través de su Secretario de Relaciones, Lucio Mamani, ha advertido con tomar medidas más radicales si la Asamblea Plurinacional no aprueba el proyecto de Ley 035. Mamani indicó que están dispuestos a iniciar huelgas de hambre y movilizaciones para presionar por su aprobación. Recordó que la Fejusip lleva una semana en vigilia en La Paz y no se moverá hasta que se apruebe.

Los jubilados consideran que esta ley significaría una mejora significativa en sus rentas. Mamani explicó que actualmente, un jubilado que percibe alrededor de Bs 4.200, podría ver su renta incrementada hasta Bs 5.200 con la aprobación de la nueva norma, lo que representa un aumento de hasta Bs 1.000 en las rentas más bajas.

Además, Mamani criticó la falta de acción en la Asamblea Plurinacional, que aún no ha agendado el debate sobre el proyecto de ley. Aunque algunos parlamentarios tarijeños han dado su apoyo verbal a la iniciativa, la inasistencia de varios de ellos impidió que la Brigada Parlamentaria instalara su sesión este lunes para fijar una postura y llevar la discusión al órgano legislativo nacional.

El debate sobre la Ley 035/23-24 abrió un conflicto más amplio entre sectores de la sociedad boliviana. Mientras los jubilados ven en esta ley una oportunidad para mejorar su calidad de vida, los sectores de salud y educación, entre otros, temen que esta modificación pueda generar una presión indebida hacia una jubilación anticipada.

Diputados prevén retomar tratamiento

En su próxima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados tratará las reformas a la Ley de Pensiones, que apunta a incrementar las rentas más bajas de los jubilados, así lo confirmó el presidente de Diputados, Israel Huaytari.

“A petición de la Central Obrera Boliviana (COB) convocaremos a Sesión Ordinaria para el tratamiento de esta ley esta semana o la próxima, para que nuestros hermanos de la tercera edad no estén perjudicados en las puertas de la Asamblea”, explicó.

Desde hace siete días los afiliados a la COB mantienen una vigilia en puertas del Legislativo exigiendo la aprobación de las leyes sociales y económicas que están bloqueadas desde hace más de un año.

La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Interculturales, Yanet Pizarro, que forma parte de la vigilia, exigió a los legisladores la aprobación de las reformas a la Ley de Pensiones que beneficiará a todos las personas con rentas bajas y sin distinción.

Desde el Gobierno niegan que la ley establezca la jubilación obligatoria, refieren que la propuesta abre la posibilidad de jubilación voluntaria a los 65 años previa evaluación médica.

SourceEl País

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