En septiembre pasado, la Argentina dejó formalmente de comprar gas a Bolivia. Fuimos importadores entre 1972 y 1999, volvimos a comprar gas en el 2004 (cuando también le cortamos el suministro a Chile para redireccionarlo al mercado doméstico), y en el 2006 se firmó un nuevo contrato por 20 años entre la administración de Evo Morales y la de Néstor Kirchner.
En el primer período Bolivia tenía todavía un incipiente desarrollo gasífero y nos vendía volúmenes constantes de unos 6 millones de m3/día a precios que se renegociaban periódicamente. Entre el 2004 y el 2006 importamos de urgencia para compensar la caída de la producción local unos 2 millones de m3/d.
Con la firma del nuevo contrato que debía extenderse hasta el 2027 los volúmenes de compra aumentaron sustancialmente (unos 17 millones de m3/d en promedio, más en inverno que en verano) y los precios tomaron como referencia la evolución de una canasta de productos petroleros más una tarifa de transporte superior a la que pagaba Brasil.
La prioridad que Bolivia dio al suministro de Brasil (con un contrato de compra por hasta 30 millones de m3/d) a través del gasoducto GASBOL (con 3.150 km de longitud y acceso a los mercados de San Pablo y Porto Alegre), y los crecientes problemas para sostener la producción que se manifestaron a mediados de la década pasada, obligaron a negociar adendas correctivas al contrato original con impacto en las cantidades de suministro comprometido y en los precios y su fórmula de cálculo.
En julio de este año el precio de importación de Bolivia fue de 15.4 dólares el millón de BTU contra 12.8 del GNL, y 3.8 del promedio de las cuencas argentinas. En el 2019 Bolivia también renegoció el contrato de provisión a Brasil con una baja sustantiva de los volúmenes de venta comprometidos.
La producción de gas de Bolivia alcanzó un máximo de 62,7 millones de m3 en 2014. Hoy Bolivia produce 33 MMm3/d de los cuales 4 millones vendía a la Argentina, 15 a Brasil, y 14 al mercado doméstico.
Las ventas de Bolivia a la Argentina se reorientaran al mercado de Brasil, y la capacidad ociosa de sus gasoductos puede ser usada para colocar gas de Vaca Muerta en Brasil (reversión del gasoducto del Norte argentino mediante). Pero como exportador de saldos a Brasil y cargador de gas argentino (mientras no se complete el anillo Uruguayana-Porto Alegre), el país del Altiplano se aleja del rol de proveedor regional de gas que alguna vez tuvo como objetivo.
¿Declinación irreversible de sus reservas de gas? Los especialistas insisten en el gran potencial boliviano. Mejores argumentos ofrecen el meandro institucional por el que atravesó la industria de gas boliviana y su renta.
Las políticas de apertura y liberalización de los 90 convirtieron a la industria energética boliviana en un sector completamente transnacionalizado. La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue capitalizada durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (1993-1997). En el año 2003, con nuevas reservas certificadas y la perspectiva de una mayor oferta empiezan a discutirse alternativas de nuevos mercados para el gas natural de Bolivia.
Se plantea la construcción de un gasoducto de Tarija a Mejillones en Chile, para desarrollar un proyecto de planta de licuefacción con destino al mercado de la costa Oeste de Estados Unidos. Allí empieza una protesta nacionalista e indigenista con fundamento en las antiguas disputas territoriales por la salida al mar con Chile.
Esto provoca la renuncia Sánchez de Losada en su segundo mandato. Lo sucede Carlos Mesa en cuya gestión se aprueba una nueva la Ley de Hidrocarburos (nº 3058) que establece que las empresas que trabajan en la explotación de los hidrocarburos deben pagar regalías y compensaciones sobre la producción fiscalizada.
La alícuota de regalía se fija en el 18%. La reforma implicó un avance del Estado para capturar más renta, pero todavía sin modificar el régimen de propiedad. Las elecciones anticipadas llevaron al poder a Evo Morales.
A pocos meses de asumir el poder, en mayo del 2006, a través del Decreto Supremo 28701, el nuevo Gobierno llevó adelante la tercera nacionalización de los hidrocarburos en la historia de Bolivia. YPFB pasaba a ser responsable de la comercialización interna y externa de hidrocarburos y a fijar los precios de comercialización interna. El Estado recupera el control y la dirección de las actividades del up stream y del down stream.
Se nacionaliza como mínimo del 51% de las acciones de las compañías que habían resultado del proceso de capitalización en los noventa. Las empresas transnacionales fueron obligadas a renegociar apropiación y distribución de renta en sus contratos.
De esta manera, y haciéndose eco de la “guerra del gas” que se había anunciado, la apropiación de la renta gasífera fue redistribuida según el siguiente esquema: 18% en concepto de regalías, 32% impuesto directo a los Hidrocarburos, 32% se apropiaba YPFB y 18% quedaba como renta apropiable por las empresas.
Con la nueva distribución de renta y los contratos de suministro negociados con Argentina y Brasil, Morales se aseguró un sustancial incremento de los ingresos de Estado. El problema es que empezó a resentirse la inversión en reposición de reservas.
Sin actividad exploratoria suficiente, el desarrollo de los campos maduros empezó a tener producción declinante y a perder mercados. Con mucho gas para desarrollar, Bolivia ahora enfrenta una región con alternativas de abastecimiento y la competencia del gas argentino. Deberá cambiar su enfoque sobre el negocio y comprender que las reglas que rigen la apropiación y el reparto de la renta son determinantes de la inversión.