El tribunal del caso Senkata ha decidido este lunes denegar el recurso de excepción de incompetencia que había presentado Jeanine Añez, con la intención de reconducir su procesamiento de la vía ordinaria hacia juicio de responsabilidades.
Añez pretendía que Evo Morales y el exministro Iván Lima sean testigos en este recurso, pero ninguno de los dos estuvo presente, pese a que el tribunal dispuso que sean notificados.
Ante la ausencia de los testigos, la defensa de Añez pidió emitir la orden de aprehensión respectiva, pero la autoridad judicial rechazó esa posibilidad y siguió adelante con la audiencia.
La defensa de Añez puso como pruebas las declaraciones de Lima y de Evo, para sustentar que a la expresidenta le corresponde juicio de responsabilidades.
En sus declaraciones ante medios de comunicación, Lima dijo que llevar a Añez a juicio ordinario era un “capricho” de Morales, mientras que el expresidente dijo que la decisión se tomó en reunión con el presidente Luis Arce y ministros.
Sin embargo, el tribunal consideró que estas declaraciones en medios de comunicación no son vinculantes y no se pueden tomar en cuenta.
Además, el tribunal sostuvo que la incompetencia planteada por la defensa de Añez ya había sido resuelta con anterioridad, cuando a la expresidenta le negaron el juicio de responsabilidades.
En ese marco, la autoridad judicial consideró la actitud de la defensa como “dilatoria, maliciosa y temeraria”, por lo cual dispuso una multa de dos salarios mínimos para el abogado de Añez, Luis Guillén, y otros juristas que se sumaron al recurso de excepción de incompetencia.
Los abogados afectados anunciaron que se apelará la decisión del tribunal, tanto en la denegación del recurso como contra la multa.
En tanto, el tribunal dispuso que el juicio del caso Senkata se retome este martes 22 de octubre.
Añez consideraque debe ser procesada en juicio de responsabilidades por el caso Senkata, toda vez que los hechos investigados ocurrieron cuando ejercía el cargo de Presidenta del Estado. Sus acusadores consideran que le corresponde juicio ordinario porque no habría asumido el cargo de manera constitucional.